La adjudicación de una obra clave en Vicuña reabre el debate sobre la participación de empresas argentinas

Una de las contrataciones más importantes vinculadas al desarrollo del proyecto minero Vicuña comenzó a generar repercusiones entre proveedores y cámaras empresariales de San Juan. La adjudicación de la ampliación del campamento Batidero a una compañía de capitales chinos despertó cuestionamientos sobre el nivel de participación que tendrán las empresas nacionales en futuras etapas de la iniciativa.

De acuerdo con información difundida por distintos actores del sector, la obra contempla la incorporación de alrededor de 2.000 plazas habitacionales y demandaría una inversión cercana a los 200 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los contratos de infraestructura más relevantes del año dentro de la actividad minera.

Según trascendió, la firma asiática habría conformado una alianza estratégica con una empresa de Santa Fe para cumplir con los requisitos de presentación y competir por la licitación. La propuesta económica finalmente resultó ganadora frente a otras compañías especializadas en construcción modular que también aspiraban al proyecto.

La decisión generó inquietud entre empresarios vinculados al sector, quienes sostienen que este tipo de adjudicaciones limita las oportunidades para proveedores argentinos y reduce el impacto económico que las grandes inversiones podrían tener en las economías regionales.

Uno de los planteos más reiterados apunta a la dificultad de competir en costos con empresas extranjeras de gran escala. Desde distintos sectores empresariales consideran que esta situación pone en desventaja a las firmas nacionales, especialmente en proyectos de gran magnitud que demandan una importante cantidad de mano de obra y servicios asociados.

El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, confirmó que la entidad recibió consultas y reclamos de asociados vinculados al proceso de contratación. En ese sentido, señaló que existe preocupación por el efecto que estas decisiones pueden generar sobre el desarrollo de proveedores locales.

El escenario también volvió a colocar en agenda la discusión sobre una normativa destinada a fortalecer la participación de empresas sanjuaninas y argentinas en los grandes emprendimientos mineros. La iniciativa es impulsada desde distintos sectores con el objetivo de garantizar mayores oportunidades para la industria nacional y fomentar la creación de empleo local.

Mientras tanto, las expectativas de numerosas empresas proveedoras están puestas en futuras obras complementarias previstas para el proyecto, entre ellas nuevos campamentos que se construirían sobre el corredor de acceso a la zona de explotación. Aunque se trata de contratos de menor escala, representan una posibilidad concreta para que firmas locales puedan incorporarse a la cadena de suministros de uno de los desarrollos mineros más importantes del país.

La polémica se produce además en un contexto marcado por el debate sobre los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), herramienta que busca promover inversiones de gran magnitud pero que también abre interrogantes respecto del equilibrio entre la llegada de capitales internacionales y el fortalecimiento de la producción nacional.