Un exedil llevó a la Justicia al intendente José Castro y exige una millonaria indemnización

La disputa entre dos antiguos aliados políticos de Angaco sumó un nuevo capítulo y ahora se trasladó a los tribunales. El exconcejal José Risueño inició acciones legales contra el intendente José Castro, a quien acusa de haber realizado manifestaciones públicas que afectaron gravemente su honor y trayectoria personal.

La presentación judicial incluye una querella por presuntas injurias y, además, un reclamo económico por daños y perjuicios. En este último punto, Risueño solicita una compensación de 80 millones de pesos al considerar que las expresiones atribuidas al jefe comunal provocaron un fuerte impacto en su imagen pública.

De acuerdo con la denuncia, el exedil cuestiona declaraciones efectuadas por Castro en distintos medios de comunicación, donde habría vinculado a Risueño con supuestas irregularidades administrativas durante el período en que se desempeñó en áreas vinculadas a la Tesorería municipal. El denunciante sostiene que tales afirmaciones carecen de sustento y que fueron difundidas con el objetivo de desacreditarlo ante la comunidad.

El enfrentamiento entre ambos tiene antecedentes. Años atrás compartieron espacio político, aunque posteriormente se produjo un quiebre que derivó en fuertes diferencias. Esa tensión alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Risueño integró el grupo de concejales que impulsó una denuncia contra Castro por el presunto uso de recursos municipales en un terreno privado ubicado en Chimbas, expediente que aún registra derivaciones judiciales.

En el nuevo planteo, el exconcejal argumenta que la repercusión de las declaraciones cuestionadas se vio amplificada por la investidura institucional del intendente y por la difusión que tuvieron en radios, canales de televisión y portales informativos. Según su postura, ello generó consecuencias negativas tanto en el plano personal como en el social y profesional.

La estrategia legal adoptada busca que el reclamo patrimonial sea analizado junto con la causa penal. Fuentes vinculadas al caso explicaron que, de prosperar la acusación, el mismo proceso podría contemplar una eventual reparación económica, evitando la tramitación de expedientes separados.

Antes de recurrir a la Justicia, Risueño habría enviado una carta documento solicitando una rectificación pública. Sin embargo, sostiene que no obtuvo una retractación en los términos esperados, por lo que decidió avanzar con la acción judicial.

Mientras tanto, el jefe comunal ha mantenido en distintas oportunidades que las acusaciones en su contra responden a motivaciones políticas y que buscará demostrarlo en las instancias judiciales correspondientes. Ahora será la Justicia la encargada de determinar el alcance de las expresiones cuestionadas y si existió o no responsabilidad por los daños denunciados.