La Fiscalía evalúa recurrir la pena dictada contra el empleado de la morgue condenado por estafa
Tras la sentencia de un año y seis meses de prisión condicional para Daniel Gustavo Algarilla, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas analiza si presentará una impugnación. El Ministerio Público había pedido cuatro años de prisión efectiva por la maniobra vinculada a una supuesta tecnicatura sin aval oficial.
La condena impuesta a Daniel Gustavo Algarilla por ofrecer una supuesta tecnicatura sin respaldo oficial podría derivar en una nueva instancia judicial. Luego del fallo dictado por el juez Mariano Carrera, la Fiscalía anticipó que revisará los fundamentos antes de definir si impulsa una apelación.
El fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, recordó que el Ministerio Público había solicitado cuatro años de prisión efectiva, una pena más alta que la dispuesta en el juicio. "Nosotros pedimos cuatro años de prisión efectiva. El juez del juicio, el doctor Mariano Carrera, dio un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional porque el acusado no tenía antecedentes de condena en su contra", señaló.
Heredia indicó que todavía no cuentan con la totalidad de los argumentos del tribunal. "Todavía no conocemos los fundamentos, se ha dado lectura sólo del veredicto. Los fundamentos van a ser leídos y expresados el 18 de junio. A partir de ahí vamos a tener conocimiento de cuáles han sido los fundamentos del juez para asignar esa escala penal y se hará un análisis para ver cuál va a ser el temperamento asumido por la unidad fiscal", explicó.
La investigación se inició en diciembre de 2024, cuando cuatro alumnas denunciaron haber sido víctimas de una maniobra asociada a una supuesta "Tecnicatura de Evisceración y Morgue". Según la Fiscalía, las estudiantes advirtieron que la capacitación no tenía aval al consultar en los ministerios de Educación y Salud. "Realizaron averiguaciones en los ministerios de Educación y Salud y advirtieron que no tenía ningún tipo de aval o certificación ministerial", precisó Heredia.
Durante el juicio, la acusación sostuvo que Algarilla utilizaba su condición de empleado público en la morgue judicial para dar apariencia de legitimidad al curso. "Se pudo sostener la hipótesis inicial de la investigación, que tenía que ver con que el señor Algarilla, si bien ofertaba el curso como una tecnicatura, no contaba con ningún tipo de aval y sostenía su engaño a través de su condición de empleado público en la morgue judicial", afirmó el fiscal.
De acuerdo con la causa, el condenado desempeñaba tareas en la morgue del Hospital Marcial Quiroga y permitía ingresos al lugar como parte de las prácticas. Heredia sostuvo que el hospital informó que no existía autorización ni convenio. "El Hospital Marcial Quiroga nos informó que no contaba con ningún tipo de autorización o convenio, con lo cual todos los ingresos que se realizaron fueron de manera clandestina", dijo.
En el debate también se expuso que las clases se dictaban en distintos establecimientos privados y en un instituto creado por el propio acusado. Además, los alumnos realizaban actividades prácticas vinculadas a los contenidos impartidos. "Una vez a la semana o cada quince días realizaban prácticas en la morgue de lo que este sujeto impartía como conocimiento teórico", detalló Heredia.
Consultado sobre esas tareas, el fiscal confirmó que se realizaban con cuerpos alojados en la morgue y que también hay testimonios sobre el uso de animales. El expediente investigó cuatro hechos de estafa, con un perjuicio económico acreditado de alrededor de 2,4 millones de pesos.
Heredia remarcó que el caso excedía el daño patrimonial. "Entendíamos que era una causa que merecía ser llevada a juicio porque los intereses que estaban en juego excedían lo patrimonial. Había que cuidar el sistema educativo de la provincia y principalmente a las víctimas, que asignaron una enorme cantidad de tiempo esperanzadas en obtener un curso que eran nada más que charlas que daba este señor sin ningún tipo de certificación", expresó.
La condena fue por el delito de estafa en concurso real por cuatro hechos. Aunque el fallo no dispuso una inhabilitación específica, la Fiscalía señaló que la sentencia implica la cesantía de Algarilla como empleado público. Ahora, la unidad fiscal espera la lectura completa de los fundamentos prevista para el 18 de junio antes de resolver si avanza con una impugnación.