El Ejecutivo acelera gestiones con las universidades a la espera del fallo de la Corte

A la espera de una resolución de la Corte Suprema sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional avanza en negociaciones con las autoridades de las universidades públicas para intentar encontrar una salida al conflicto. La disputa se mantiene desde octubre de 2025, cuando el Ejecutivo resolvió no aplicar la norma pese a su ratificación y luego promovió una estrategia judicial para frenar su implementación.

El eventual pronunciamiento del máximo tribunal adquiere relevancia por el impacto fiscal que podría tener para la administración nacional. Según las estimaciones mencionadas, si el fallo resulta favorable a las universidades, el Estado debería destinar alrededor de 2,5 billones de pesos para cumplir con lo establecido por la ley.

En paralelo al proceso judicial, continúan las gestiones entre funcionarios nacionales y representantes del sistema universitario. No se descarta que durante esta semana pueda concretarse un encuentro entre integrantes del Gobierno y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque por el momento no hay fecha definida.

Las conversaciones incluyen temas vinculados al sostenimiento de las universidades públicas. Entre los puntos en análisis figuran la actualización salarial de los docentes, la situación de las becas estudiantiles y el envío de recursos adeudados para hospitales universitarios, además de otras partidas presupuestarias pendientes.

Mientras tanto, la estrategia legal del Estado sigue a cargo de la Procuración del Tesoro, organismo responsable de la defensa de la Nación en la causa y que se encuentra bajo la conducción de Sebastián Amerio. La definición de la Corte será determinante para el futuro de la disputa y para el funcionamiento del sistema universitario argentino.