La Justicia federal atribuyó a la Sputnik V la muerte de una joven cordobesa

La Cámara Federal de Córdoba resolvió que la vacuna Sputnik V estuvo vinculada con la muerte de Melín Sartori en julio de 2021, en esa provincia. La confirmación fue dada a conocer por Martín Diego Barbará, abogado de la familia, quien señaló que durante el proceso el Ministerio de Salud reconoció el vínculo de causalidad.

Sartori tenía 24 años y se había aplicado la primera dosis en un contexto de regreso gradual a la normalidad tras la pandemia por Coronavirus. Una semana después comenzó con fuertes dolores abdominales, fue atendida en un hospital de Córdoba y recibió el alta al considerarse, en principio, un cuadro gastrointestinal. Horas más tarde el estado empeoró, con vómitos y debilidad en los miembros, y fue trasladada al Sanatorio Mayo, donde una médica advirtió síntomas compatibles con efectos adversos de la vacuna.

Según relató el abogado, los estudios confirmaron que presentaba trombosis con trombocitopenia, derivada de una baja en la cantidad de plaquetas. A Melín le practicaron tres operaciones en la cabeza; en la última quedó en estado vegetativo y finalmente falleció. Barbará también indicó que la madre de la joven, Virginia Ruiz, inició gestiones para advertir sobre la posibilidad de otros casos con efectos adversos.

El reclamo se tramitó en el marco de la Ley Nacional 27.573, que habilita un mecanismo administrativo por daños o defectos adversos asociados a la aplicación de vacunas contra el COVID-19. Barbará explicó que presentaron informes médicos y estudios que acreditaban el vínculo, aunque en una primera instancia fueron rechazados. Luego de distintos recursos, la Cámara Federal se declaró competente y el caso avanzó hasta el reconocimiento oficial.

"Era tan abrumadora la prueba que el Ministerio de Salud de la Nación reconoció el vínculo de causalidad", afirmó el letrado. Agregó que, además de los informes aportados, se incorporaron tres dictámenes de médicas de prestigio internacional y que el caso fue publicado en una revista científica internacional. También sostuvo que no buscan transmitir un mensaje antivacuna, sino describir lo ocurrido en un contexto de crisis sanitaria global.

El fallo establece que, cuando quede firme, el Estado deberá indemnizar a la familia con $95 millones. Barbará remarcó que la madre de la joven no perseguía un resarcimiento económico, sino una respuesta institucional sobre lo sucedido. "Solo buscaban una respuesta y la encontraron", expresó.