La Justicia limitó el ajuste sobre el BNDG y bloqueó despidos en el INTI
Dos resoluciones judiciales obligaron al Gobierno a retroceder en medidas que impactaban sobre organismos públicos. En un caso, se garantizó financiamiento para el Banco Nacional de Datos Genéticos; en el otro, se suspendieron decisiones laborales en el INTI.
El Gobierno de Javier Milei quedó obligado a retroceder en el ajuste presupuestario aplicado sobre organismos vinculados con Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo transfirió 590 millones de pesos al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) luego de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
En su resolución, el magistrado señaló: "Resuelvo tener presente lo informado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros y por el Banco Nacional de Datos Genéticos, en cuanto dan cuenta de la adopción de medidas administrativas y presupuestarias destinadas a garantizar la continuidad operativa y funcional del Banco". Abuelas de Plaza de Mayo y la directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, habían advertido sobre la situación crítica derivada de la falta de crédito presupuestario.
Según lo planteado, el ajuste había dejado al BNDG con apenas el 55,96% de los fondos solicitados para 2026, con impacto en servicios básicos como limpieza, seguridad y mantenimiento edilicio. Además, la parálisis del organismo comprometía la producción de pericias genéticas actuales y podía afectar de manera irremediable el material recolectado desde 1987.
En paralelo, la Justicia hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La resolución impide cesantear, transferir o modificar la situación laboral de los trabajadores y ordena no aplicar la Resolución 42/26.
ATE había presentado un recurso de amparo el 18 de mayo para pedir la nulidad de una resolución que elimina más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica. En esa presentación, el sindicato sostuvo que el Gobierno avanza con un "desmantelamiento" del organismo y reclamó una medida cautelar urgente. También argumentó que las funciones y programas creados por ley solo pueden ser modificados o eliminados por el Congreso.
