La UNSJ busca que un exfuncionario reintegre el dinero abonado tras la tragedia en Ingeniería

La Universidad Nacional de San Juan avanzó con una demanda judicial contra Alfredo Daroni, exsecretario Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería, con el objetivo de recuperar los fondos que debió desembolsar por el fallecimiento de Fernando Reinoso, ocurrido en marzo de 2010 dentro de esa unidad académica.

El reclamo económico supera los 10 millones de pesos y surge luego de que la casa de altos estudios indemnizara a la familia del joven estudiante de Ingeniería Agronómica, quien murió electrocutado mientras preparaba su trabajo final para graduarse.

Daroni fue el único condenado en la causa penal vinculada al hecho. La Justicia le impuso una pena de tres años de prisión condicional, sentencia que posteriormente quedó firme tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la universidad intentó inicialmente llegar a un acuerdo extrajudicial con el exfuncionario para recuperar el dinero abonado. Sin embargo, ante la ausencia de respuestas satisfactorias, las autoridades resolvieron impulsar una acción de repetición para reclamar el reintegro del monto, además de los intereses correspondientes.

La tragedia de Reinoso tuvo un fuerte impacto institucional y derivó en un extenso proceso judicial que también involucró a otras autoridades universitarias de la época. Entre ellas figuró el entonces decano de Ingeniería y posteriormente rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, quien finalmente resultó absuelto.

En paralelo, la familia del estudiante había iniciado una demanda civil contra la universidad en 2011. Ese litigio concluyó en 2020 con el pago total de 10.335.116 pesos por parte de la institución educativa.

De acuerdo con lo que trascendió, Daroni había solicitado en sede administrativa una reducción del monto a devolver, planteo que no prosperó. Luego de esa instancia, la UNSJ remitió una carta documento exigiendo el reintegro de los fondos, aunque la notificación no habría sido contestada.

La condena contra el exfuncionario se sustentó en que, según determinó la Justicia, conocía las deficiencias eléctricas existentes en el edificio donde ocurrió el hecho y no impulsó medidas para solucionar el riesgo. Entre los puntos señalados por el fallo figuró la falta de asignación de recursos para reparar el tablero eléctrico del sector donde se produjo la descarga fatal.