Las casas de estudio reclamaron fondos atrasados y la reapertura de las paritarias
Rectores, estudiantes y gremios universitarios insistieron en la aplicación de la Ley de Financiamiento y pidieron una instancia de diálogo con el Gobierno nacional. También advirtieron por la situación salarial, las becas y los hospitales universitarios.
En el marco de la tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo, rectores, gremios y estudiantes renovaron el pedido de transferencia de fondos adeudados y exigieron la reapertura de las paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes.
La postura quedó expresada en un comunicado conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en el que solicitaron el "cumplimiento pleno" de la Ley de Financiamiento Universitario. Las entidades reclamaron además "la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional" para avanzar en la aplicación integral de la norma y asegurar el funcionamiento del sistema universitario público.
El texto también pidió la actualización de las becas estudiantiles y la definición de "mecanismos concretos y previsibles" para ejecutar los recursos destinados al funcionamiento de las universidades, las obras de infraestructura y la ciencia y técnica. Desde el sector remarcaron que cerca del 90% del gasto total de las casas de estudio se destina al pago de salarios de docentes y trabajadores no docentes, incluidos los planteles administrativos y de mantenimiento.
Otro de los puntos señalados fue la situación de los hospitales universitarios, donde las autoridades advirtieron que el Gobierno nacional aún no transfirió los fondos previstos en el Presupuesto 2026. "El Gobierno no ha girado aún cuota alguna", indicaron los rectores al describir el cuadro financiero de esos establecimientos.
En paralelo, trascendió que el Ejecutivo propuso transferir los fondos contemplados en el proyecto oficial enviado al Congreso para modificar la ley vigente y reducir su impacto fiscal. Sin embargo, la oferta oficial reconoce únicamente la pérdida salarial registrada durante 2025 y no la acumulada desde 2023, uno de los reclamos centrales del sector.
A cambio de esos recursos, las universidades deberían retirar la medida cautelar presentada contra el Gobierno nacional, expediente que espera una definición de la Corte Suprema. La demanda judicial exige el cumplimiento de los incrementos salariales y de las actualizaciones en becas establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario según la inflación medida por el IPC. Si la Justicia falla en contra del Ejecutivo, el Estado nacional podría verse obligado a desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos.
