El Ejecutivo activó una mesa federal para resguardar inversiones del RIGI
La nueva estructura oficial buscará anticipar riesgos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en proyectos estratégicos. También prevé coordinación con provincias, municipios y empresas sin imponer obligaciones adicionales al sector privado.
El Gobierno nacional formalizó la creación de una Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI), con el propósito de reforzar la prevención y la mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y a la criminalidad organizada. La medida quedó establecida mediante la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, el avance de grandes inversiones en sectores sensibles puede convertirse en un objetivo de interés para organizaciones criminales, por el volumen de capital y la complejidad logística que implican estos desarrollos. En ese marco, la nueva mesa trabajará en la identificación temprana de riesgos, la protección de infraestructura crítica, la prevención de la infiltración de economías ilícitas y la coordinación interinstitucional dentro de las competencias vigentes.
La normativa señala que las inversiones alcanzadas por el RIGI suelen involucrar infraestructura estratégica, corredores logísticos y cadenas de suministro complejas, factores que podrían ser aprovechados por redes delictivas para maniobras como lavado de activos, extorsión o inserción de capitales ilegales en proyectos productivos. La mesa podrá, además, promover acciones coordinadas, formular recomendaciones estratégicas, proponer líneas de prevención y elaborar diagnósticos integrales de riesgo.
El ámbito fue definido como una instancia permanente de articulación federal, con participación de jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que tengan competencia en seguridad, prevención social y coordinación del régimen. También se habilitó la articulación con el sector privado, incluyendo empresas titulares de proyectos RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura, contratistas principales y operadores logísticos y de transporte.
La estructura estará integrada por áreas del Ministerio de Seguridad Nacional como la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional y las fuerzas policiales y de seguridad federales. Además, podrán ser convocados organismos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, la SEDRONAR y otras dependencias que resulten pertinentes según cada proyecto.
La convocatoria y coordinación de las reuniones quedará a cargo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, en articulación con la Secretaría de Seguridad Nacional. La resolución también asignó tareas técnicas al Centro Regional y a la Unidad Antimafia para sistematizar y analizar información sobre amenazas criminales vinculadas a inversiones estratégicas.
En el tramo final, el Gobierno aclaró que la cooperación con el sector privado será voluntaria y que no se crearán nuevas obligaciones por fuera de la legislación vigente. La medida impulsa protocolos sectoriales de prevención, capacitaciones, canales de reporte de riesgos y mecanismos de coordinación permanente para proyectos de gran escala en sectores como energía, minería e infraestructura.
