Vence el plazo para que el Ministerio Público Fiscal resuelva sobre la denuncia por el Acueducto Gran Tulum
El abogado denunciante, Marcelo Arancibia, señaló que el término legal concluye el 30 de mayo y advirtió por la falta de novedades en el expediente. La normativa permite una prórroga de 90 días hábiles si se considera necesario profundizar la investigación.
Se acerca el cierre de mayo y, con ello, el vencimiento del plazo legal para que el Ministerio Público Fiscal defina el rumbo de la denuncia vinculada al Acueducto Gran Tulum. El abogado denunciante, Marcelo Arancibia, sostuvo que hasta el 30 de mayo la fiscalía debe resolver si avanza con la investigación o adopta otra de las alternativas previstas por la ley.
La presentación cuestiona presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de una obra financiada con un préstamo de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait. Según el denunciante, el proyecto fue licitado de manera "direccionada" para favorecer a una empresa determinada, con un sobrecosto y sobre la base de un "proyecto experimental" cuya eficacia para el saneamiento y la provisión de agua potable está bajo observación.
Entre los delitos que se pidió investigar figuran incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado. En ese marco, la causa también pone el foco en Sergio Uñac, actual senador nacional, quien al momento de los hechos era gobernador de la provincia.
Arancibia expresó su preocupación por la falta de definiciones en un expediente que, según dijo, había mostrado avances a comienzos de año. "Me preocupa que a esta altura del partido el Ministerio Público Fiscal no tenga estudiado el tema y resuelto qué va a hacer", afirmó, al tiempo que señaló que no se conocen elementos probatorios aportados por la Fiscalía de Estado, que interviene como parte querellante.
De acuerdo con la ley procesal, el fiscal dispone de 90 días hábiles para resolver el curso de la denuncia. Si lo considera necesario, puede pedir una prórroga por otros 90 días para profundizar el análisis. Las opciones son formalizar la denuncia ante un juez de garantías, desestimarla, archivarla por falta de pruebas suficientes o solicitar esa extensión.
Para el abogado, el caso reviste interés público por la magnitud de los recursos comprometidos y por el impacto social de la obra. "En un país donde nos hemos mal acostumbrado a la impunidad del poder y de los poderosos, sería muy bueno que los fiscales pongan en conocimiento a la ciudadanía el avance de la investigación", señaló. Mientras tanto, la expectativa se concentra en la definición que deberá adoptarse antes de que expire el plazo legal.
