La estafa vinculada a Branka Motors vuelve a audiencia por el incumplimiento del acuerdo
La Justicia fijó para el viernes 16 de mayo una audiencia en la que se revisará el convenio de devolución firmado en abril. El reclamo de los damnificados se agravó tras no concretarse el pago previsto para el 25 de abril.
La investigación por las presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a Branka Motors vuelve a ocupar un lugar central en el expediente. Tras el incumplimiento del plan de devolución acordado con las víctimas, la causa ingresó en una instancia de definición.
Desde la UFI de Delitos Informáticos y Estafas confirmaron que este viernes a las 16 se realizará una audiencia clave. En esa instancia se analizará el estado del convenio firmado en abril y las medidas cautelares vigentes, a partir del planteo de los abogados de los damnificados.
El punto de conflicto fue la falta de pago del primer tramo, que debía efectivizarse el 25 de abril. Ese incumplimiento generó preocupación entre los más de 350 afectados que habían aceptado la propuesta de la empresa para recuperar su dinero.
El acuerdo establecía la restitución total de los fondos en cinco cuotas, dentro de un plazo de cuatro meses. Sin embargo, el retraso motivó malestar entre los querellantes, que también advirtieron sobre la pérdida de valor del dinero frente a la inflación.
La representación legal de un grupo de víctimas sostuvo que, si no aparecen respuestas concretas, pedirán que el convenio quede sin efecto. También remarcaron el impacto económico que atraviesan quienes esperaban el reintegro tras haber sido perjudicados.
El monto en discusión supera los 500 millones de pesos, lo que ubica al caso entre los más relevantes en materia de estafas recientes en la provincia. La resolución que adopte la jueza será determinante para el rumbo de la causa y para la situación de los imputados.
Después de la homologación del acuerdo, los acusados recuperaron la libertad bajo condiciones específicas: deben presentarse periódicamente ante la autoridad, no pueden salir de la provincia ni contactar a los denunciantes, y tienen restringida la documentación para viajar. La investigación, encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, incluyó un análisis de movimientos financieros y patrimoniales para rastrear el destino del dinero.
Con el incumplimiento ahora en debate, el expediente vuelve a tensarse y queda en suspenso la posibilidad de que los damnificados recuperen lo perdido en el corto plazo.
