Aumentan las quejas contra policías y penitenciarios: cómo se investigan y qué sanciones se aplican

Las quejas administrativas contra efectivos policiales y del servicio penitenciario registran un incremento en la provincia. Así lo señaló Damián Villavicencio, subsecretario de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, al describir el circuito que siguen estas presentaciones y las sanciones que pueden derivarse.

El funcionario explicó en diálogo con radio Mil20 que las denuncias pueden ingresar por distintas vías: "Nos llega o el informe de la central de policía o esa persona puede venir y realizar una queja en la subsecretaría". A partir de ese momento se inicia un análisis que puede concluir en la apertura de un sumario administrativo.

Sobre las sanciones, precisó que la respuesta depende de la gravedad del hecho. "La sanción cuando se comprueba son días de suspensión. Hasta siete días de suspensión es una falta leve y cuando son faltas graves tenemos hasta 60 días", indicó. En los casos más extremos, añadió, pueden disponerse medidas como la cesantía o la exoneración.

Villavicencio remarcó que el uso excesivo de la fuerza no está habilitado en ningún caso. "En ninguna situación está permitido el abuso de autoridad", afirmó, aunque aclaró que cada expediente se evalúa de manera individual antes de resolver. "Hacemos un análisis de los hechos y cuando advertimos que ha habido una mala actuación, tiene la sanción correspondiente", sostuvo.

El subsecretario también destacó que cada vez más personas formalizan sus denuncias. "Son quejas administrativas que están abiertas a toda persona que considere que hubo un mal comportamiento de un funcionario policial o penitenciario", explicó. En ese marco, pidió acompañar las presentaciones con elementos de respaldo: "Siempre le pedimos a la gente que no quede solo en la palabra, sino que trate de acercar fotos, videos o testigos".

En relación con los cambios normativos, se refirió a la reciente modificación del artículo 48 del reglamento policial, que aún sigue en tratamiento legislativo. Según dijo, la propuesta busca corregir un perjuicio económico para los agentes sancionados, ya que "existía como una doble sanción, porque además de los días de suspensión tenían la imposibilidad de realizar servicios adicionales durante mucho tiempo".

Por último, confirmó que se impulsa una reforma de mayor alcance. "Hemos elevado un proyecto de modificación de la ley completa de la policía y del servicio penitenciario", señaló, al considerar necesario actualizar normas que calificó como "antiguas" y adecuarlas al sistema penal acusatorio vigente.