La Casa Rosada evalúa dejar vacantes y reducir la estructura de Comodoro Py
El oficialismo estudia no cubrir cargos en tribunales federales y avanzar con una reducción en juzgados y camaristas. La iniciativa se presenta como un ajuste de funcionamiento, aunque en el ámbito judicial se la lee como una redefinición del poder interno.
El gobierno de Javier Milei impulsa una estrategia discreta para modificar la organización de la justicia federal. La propuesta incluye bajar de 12 a 8 los juzgados de Comodoro Py, al dejar sin cubrir las cuatro vacantes existentes.
La misma lógica alcanzaría a la Cámara Federal de Casación Penal, donde el oficialismo analiza no avanzar con los concursos en trámite y reducir el cuerpo de 13 a 9 integrantes. Si bien la explicación formal remite a la disminución en la cantidad de causas, en ámbitos judiciales y políticos la lectura apunta a un cambio en el equilibrio de poder dentro de los tribunales.
Según datos de la Corte Suprema, la Cámara Federal recibe 1602 causas al año, con un promedio cercano a 70 por mes en cada sala. En primera instancia, los juzgados tramitan alrededor de un centenar de expedientes activos, aunque con diferencias marcadas en la estructura de personal entre despachos.
El esquema vigente tiene origen en los años noventa, cuando durante el gobierno de Carlos Menem se duplicó la cantidad de juzgados federales. Esa expansión buscó diluir el peso de los jueces originales y dio lugar al grupo conocido como "los jueces de la servilleta", en alusión a una denuncia de Domingo Cavallo sobre la forma en que se habrían definido algunos nombramientos.
En la actualidad, con ocho jueces en funciones —entre ellos María Servini, Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas—, el Gobierno evalúa sostener la estructura sin cubrir vacantes, una decisión que implicaría modificar la ley orgánica de la Justicia Federal. En paralelo, la Casa Rosada también mueve piezas en la Cámara Federal con el avance del pliego de Pablo Yadarola, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
A ello se sumaría una nueva vacante con la salida de Martín Irurzun al cumplir 75 años, lo que ampliaría el margen para redefinir el tribunal. En ese marco, el oficialismo articula negociaciones en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura para avanzar con una reforma de bajo perfil, pero con impacto directo en la estructura del Poder Judicial.
