Guerra por el "cuello de botella" energético: El frente minero y provincial que desafía la exclusividad de la Línea de 500 kV

La infraestructura eléctrica del oeste argentino se ha transformado en el escenario de una de las disputas legales y económicas más intensas. El epicentro del conflicto es la Línea de 500 kV Nueva San Juan-Rodeo, un corredor estratégico que define el futuro de la minería en San Juan y que hoy enfrenta a un poderoso bloque de empresas, gobiernos provinciales y municipios contra la intención de otorgar una prioridad de uso casi absoluta al proyecto Vicuña.
El próximo 3 de junio de 2026, a las 10:00 horas, se llevará a cabo una Audiencia Pública virtual convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a través de la Resolución 219/2026. Esta instancia será determinante para resolver las múltiples oposiciones fundadas contra el beneficio otorgado a la empresa Vicuña Argentina S.A. (que agrupa los proyectos Josemaría y Filo del Sol), consistente en la prioridad de uso del 90% de la capacidad de transporte remanente por un periodo de 25 años.

El desembarco de Elsztain: Challenger Gold y Austral Gold en pie de guerra
Uno de los movimientos más significativos en esta contienda ha sido la irrupción de Eduardo Elsztain, quien, a través de sus empresas controladas, ha formalizado oposiciones técnicas de peso. Mediante Golden Mining S.A. (subsidiaria de la australiana Challenger Gold, titular del proyecto Hualilán) y Casposo Argentina LTD (vinculada a Austral Gold), el empresario ha cuestionado el esquema de exclusividad.
Golden Mining fundamentó su rechazo advirtiendo que la asignación del 90% a favor de Vicuña "podría afectar la disponibilidad futura de capacidad de transporte eléctrico" para el proyecto Hualilán, el cual ya posee aprobación ambiental y se encuentra en etapa de desarrollo. La firma sostiene que el sistema debe regirse por los principios de acceso abierto, transparente y no discriminatorio, algo que consideran vulnerado por la actual resolución.
Por su parte, Casposo presentó una oposición regulatoria centrada en la protección de su propia reserva de 20 MW asignada por leyes provinciales. Además, exigió que Vicuña Argentina sea encuadrada bajo la figura de "beneficiario no iniciador", lo que obligaría a la minera a pagar por los derechos financieros de una ampliación que, en gran parte, ha sido financiada con fondos públicos sanjuaninos antes de obtener cualquier autorización.

La Rioja: una exigencia de conexión y financiamiento
El frente político se ha visto reforzado por la postura del Gobierno de La Rioja. A través de su Secretaría de Energía, la provincia presentó una oposición formal el pasado 10 de marzo de 2026. El planteo riojano es de alto impacto económico: exigen que el ENRE se abstenga de aprobar el acceso a la capacidad de transporte solicitado hasta que Vicuña Argentina asuma el costo de las obras de adecuación necesarias para garantizar la futura interconexión de 500 kV con La Rioja.
Para la provincia gobernada por Ricardo Quintela, esta es una oportunidad estratégica para cerrar el anillo eléctrico regional y reducir su dependencia sistémica, pero bajo la premisa de que sea el beneficiario privado quien financie la integración al corredor energético nacional.

Los Azules y Pachón: el cuestionamiento a la modelización técnica
La empresa Andes Corporación Minera S.A., desarrolladora del proyecto Los Azules, ha liderado la impugnación técnica más detallada. En su escrito, denuncian que los cálculos del ENRE y CAMMESA se basaron en una hipótesis de "barra de potencia infinita", la cual no se ajusta a las condiciones operativas reales del sistema.
Un estudio técnico independiente presentado por Los Azules, que incorporó simultáneamente las demandas proyectadas para El Pachón (300 MW), Vicuña (260 MW) y Los Azules (140 MW), arrojó que la capacidad real del corredor es significativamente menor a la informada oficialmente (entre 645 y 745 MVA frente a los 854 MVA teóricos). Bajo estos parámetros, la prioridad otorgada a Vicuña consumiría hasta el 84,6% de la capacidad real, dejando un margen prácticamente inexistente para el resto de los jugadores mineros de la cordillera.

El reclamo territorial: Jáchal e Iglesia exigen cláusulas de liberación
Los municipios sanjuaninos de Jáchal, Iglesia y Calingasta también han sumado sus voces de rechazo. El intendente de Jáchal, Matías Espejo, solicitó que se asegure el respeto al acceso abierto y que se incluyan cláusulas de liberación de capacidad no utilizada. Los gobiernos locales temen que una infraestructura clave, de carácter estratégico y financiada con fondos públicos, termine convertida en una "barrera estructural" que impida el desarrollo de otros emprendimientos en sus departamentos.
A esta postura se adhirió el EPRE de San Juan, que solicitó postergar cualquier aprobación hasta que se completen estudios que evalúen la seguridad y confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en lo que respecta al abastecimiento provincial.

La Audiencia del 3 de Junio: Un Árbitro bajo Presión
La audiencia pública será presidida por los ingenieros Aldo Julio Furnari y Oscar Medina. En esta instancia, Vicuña Argentina S.A. deberá defender su solicitud de Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para obras que incluyen la construcción de la ET Chaparro, la ampliación de la ET Rodeo y una nueva línea de alta tensión de 167 kilómetros.
La magnitud de los intereses en juego ha convertido este proceso en uno de los más complejos para el regulador eléctrico. Por un lado, se encuentra el megaproyecto de Josemaría con una promesa de inversión de 18.000 millones de dólares. Por otro, un frente que incluye al proyecto Los Azules —ya adherido al RIGI con una inversión comprometida de más de 2.600 millones de dólares— y a las empresas de Elsztain, que exigen reglas de juego equitativas para garantizar la viabilidad de sus propias operaciones.
El desenlace de esta audiencia definirá si el modelo de expansión eléctrica en la frontera minera seguirá un esquema de monopolio de uso por inversión o si, como demandan las provincias y el resto de las mineras, se preservará la naturaleza de bien público y acceso abierto de las redes de transporte.

Detalles de la Audiencia Pública:
Fecha: 3 de junio de 2026.
• Hora: 10:00 h.
• Modalidad: Plataforma digital con transmisión por streaming.
• Inscripción: Del 16 de mayo al 1 de junio de 2026 en el sitio web del ENRE.