La Justicia dictó prisión efectiva y una reparación millonaria en un caso de explotación
El juez federal Daniel Doffo impuso 10 años de cárcel a tres integrantes de una familia de Santa Fe por explotación de una adolescente. Además, fijó una indemnización de 70 millones de pesos, en un pronunciamiento sin antecedentes en la provincia.
Una adolescente que fue obligada a casarse a los 13 años, trasladada entre provincias y sometida a trabajo sin pago, violencia física y abuso sexual obtuvo una sentencia que, por primera vez en la historia judicial de San Juan, también le reconoce un resarcimiento económico.
Este viernes, el juez federal Daniel Doffo condenó a los tres acusados —identificados como C.A.C. (45), C.I.C. (46) y su hijo C.F.G.C. (23), oriundos de Santa Fe— a 10 años de prisión efectiva por el delito de trata de personas. La mujer, en tanto, cumplirá la pena bajo la modalidad domiciliaria por el cuidado de sus hijos menores de edad.
El caso se inició en Neuquén en 2022, cuando la menor fue entregada en matrimonio bajo el rito gitano a un joven de 20 años. La investigación determinó que sus familiares recibieron 825.000 pesos a cambio, suma que fue interpretada como un mecanismo de captación con fines de explotación. La niña tenía 13 años.
Después de ese vínculo forzado, fue trasladada a Santa Fe, donde quedó sometida a una vida de explotación: trabajaba sin descanso ni salario y era obligada a mantener relaciones sexuales con su "esposo". Como consecuencia de los abusos, quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo.
En diciembre de 2024, el matrimonio santafesino viajó a San Juan y dejó al hijo junto a la adolescente —que ya tenía un bebé— en el Barrio La Capilla, en Capital, con la familia de la joven. Cuatro meses más tarde, el 5 de abril de 2025, los condenados regresaron con la intención de llevársela nuevamente.
La obligaron a subir a una camioneta, pero en una estación de servicio de Caucete la joven intentó escapar con su hijo en brazos. Un llamado al 911 derivó en un operativo que terminó con la interceptación del vehículo en la Ruta 141, a la altura de Caputo, donde la víctima fue rescatada.
Más allá de la pena, el fallo ordenó el pago de 70 millones de pesos a la víctima en concepto de indemnización por los trabajos realizados en condiciones de servidumbre y sin remuneración. La medida fue solicitada por la fiscalía a cargo de Fernando Alcaraz, acompañado por Virginia Rodríguez y la representante de PROTEX, Alejandra Mángano, y fue calculada en base a las ganancias ilícitas obtenidas y al recupero de activos.
Se trata de la primera vez que, bajo el Sistema Acusatorio en San Juan y en un caso de trata de personas, se establece una reparación económica para una víctima.
