La familia de la mujer que se encadenó en OSTES dio su versión sobre el operativo

La familia de P.C. relató su versión sobre el episodio ocurrido el pasado miércoles por la tarde en la sede de la obra social OSTES, en Capital, donde la mujer se encadenó en un baño y motivó la intervención de fuerzas de seguridad y personal de emergencias. Según señalaron, el conflicto se originó por demoras en la atención médica, dificultades para acceder a estudios y diferencias por reintegros económicos.

De acuerdo con el testimonio del entorno, el reclamo estaba vinculado a la necesidad de obtener una nueva intervención o diagnóstico médico, además de la devolución de dinero abonado para estudios. Indicaron que las complicaciones de salud comenzaron en 2011, cuando, según dijeron, se le practicó una endoscopía que derivó en una cirugía y la colocación de una malla. Más tarde, en 2024, reaparecieron dolores abdominales intensos que derivaron en internaciones y consultas médicas.

Los familiares sostuvieron que la paciente permaneció 15 días internada en el Hospital Rawson sin un diagnóstico definitivo y que uno de los estudios solicitados fue una endoscopía, cuya autorización habría generado desacuerdos con la obra social por costos y modalidad de realización. También afirmaron que realizaron presentaciones ante la Superintendencia de Salud y gestiones para obtener cobertura de prácticas médicas.

Según el relato, la mujer fue intervenida quirúrgicamente en agosto de 2024 sin complicaciones, pero en septiembre de 2025 volvieron los síntomas. En ese contexto, dijeron que recibió Tramadol, aunque con el tiempo dejó de ser efectivo, y que en febrero de este año se realizó una endoscopía y otros análisis sin resultados concluyentes. Añadieron que solicitaron derivaciones a centros de mayor complejidad, algo que, según expresaron, no fue autorizado.

El entorno también señaló que debieron afrontar pagos por honorarios y gastos administrativos vinculados a estudios médicos, con la promesa de reintegros que, de acuerdo con su versión, llegaron de manera parcial y con demoras. Ante esa situación, la mujer se presentó en la sede de OSTES para pedir atención y saber dónde continuar su tratamiento, mientras otro familiar consultó por la deuda económica pendiente.

Siempre según su testimonio, al principio les informaron que serían atendidos, pero luego les indicaron que los reclamos debían canalizarse por la sede de Mendoza. Tras varias horas sin respuestas y cerca del cierre, les pidieron que se retiraran. Fue entonces cuando la mujer decidió permanecer en un baño del edificio y encadenarse, lo que derivó en la llegada de policía, un fiscal y equipos de emergencia.

La familia afirmó que el fiscal, que sería Adrián Riveros, de la UFI Genérica, habló con la mujer durante algunos minutos y que se mencionó la posibilidad de gestionar la intervención de un especialista en gastroenterología. Sin embargo, sostuvieron que luego ingresaron efectivos policiales, redujeron a P.C., le quitaron las cadenas y la trasladaron en ambulancia.

En ese tramo, describieron que fue esposada y colocada en una camilla, situación que calificaron como un trato "como una bolsa de papas". También indicaron que inicialmente se les dijo que sería llevada al Hospital Marcial Quiroga para un control médico y que después podría retirarse. No obstante, al llegar al centro de salud, la mujer manifestó que la intervención policial se habría producido en condiciones distintas a las informadas previamente.

La paciente permaneció en el nosocomio hasta aproximadamente las 23 horas, donde, según señalaron, fue atendida por profesionales de salud. Además, mencionaron que se evaluó la posibilidad de una consulta psiquiátrica, aunque no había especialistas disponibles en ese momento. Finalmente, indicaron que se retiraron de manera voluntaria y que al día siguiente realizaron consultas con profesionales de salud mental, sin recibir luego información oficial sobre actuaciones judiciales o médicas vinculadas al caso.