San Juan dice que no hay base legal para un conflicto con La Rioja por Vicuña
La Fiscalía de Estado aseguró que no existe una presentación formal que obligue a intervenir en la Justicia y descartó que haya una discusión abierta sobre los límites interprovinciales.
En medio del cruce político con La Rioja por el desarrollo del proyecto minero Vicuña y las dudas sobre los límites interprovinciales, desde San Juan intentan bajar el tono del conflicto en el plano jurídico. La postura oficial es clara: por ahora, no existe un litigio formalizado que requiera una definición judicial.
Desde la Fiscalía de Estado señalaron que la provincia no recibió ninguna notificación ni comunicación que la involucre en una causa, por lo que no se analiza impulsar acciones legales. Esa lectura marca distancia respecto de la intensidad que el tema ganó en el terreno político y mediático en los últimos días.
Si bien desde La Rioja se promovieron medidas judiciales y manifestaciones públicas que cuestionan tanto el avance del proyecto como la delimitación territorial, en San Juan sostienen que esos planteos no derivaron en una controversia interprovincial concreta. Incluso remarcan que, aunque hubo una resolución judicial en territorio riojano con impacto indirecto sobre la actividad minera, no se configuró una disputa directa entre provincias que habilite instancias superiores, como una eventual intervención de la Corte Suprema.
Uno de los puntos más sensibles es el de los límites entre ambas jurisdicciones. Sin embargo, desde el área legal sanjuanina afirman que ese tema no está abierto a revisión. Argumentan que la delimitación fue definida en su momento y luego avalada por normas del Congreso, además de contar con la aprobación de las legislaturas provinciales.
En ese marco, consideran que no existe riesgo sobre la integridad territorial ni sobre la validez de los límites vigentes. También destacan que las normas que dieron origen a esos acuerdos mantienen su vigencia mientras no sean modificadas por nuevas disposiciones. Así, pese a la escalada política, la estrategia jurídica de San Juan se apoya en la cautela y en la convicción de que, por ahora, no hay un escenario legal que altere la situación actual.