El Gobierno envió al Senado un proyecto para auditar pensiones y cambiar el sistema de prestaciones

El Gobierno nacional remitió al Senado un proyecto integral para reformar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La propuesta apunta a prevenir y sancionar el fraude, ordenar el padrón de beneficiarios y ajustar el alcance de las políticas públicas a los recursos disponibles del Estado.

La iniciativa reemplaza la normativa vigente en la materia y también la ley de emergencia en discapacidad sancionada por la oposición, cuya aplicación el Ejecutivo viene frenando. El texto ya abrió un fuerte debate por el cambio de enfoque: del esquema de ampliación de derechos a un modelo centrado en el control del gasto y la sustentabilidad fiscal.

Uno de los ejes principales es el combate al fraude. El proyecto parte de la idea de que hubo un crecimiento "exponencial" en la cantidad de pensiones otorgadas en las últimas dos décadas y de la detección de irregularidades administrativas y médicas en auditorías oficiales.

En cuanto a la pensión por invalidez, la norma restablece el criterio de invalidez laboral y deja de lado el enfoque más amplio incorporado por la ley de emergencia. Además, fija que el beneficio será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio e impide compatibilizarlo con el trabajo formal o con la inscripción en regímenes laborales o tributarios.

El proyecto también obliga a realizar auditorías periódicas para verificar requisitos documentales, socioeconómicos y médicos. Para eso, habilita el cruce de datos con Anses, organismos tributarios, SINTyS y otras bases estatales. Ante inconsistencias objetivas, se podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio, aunque con posibilidad de pedir una rehabilitación provisoria.

Otro punto clave es el reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez. El texto prevé plazos mínimos, alternativas presenciales y remotas, y medidas de accesibilidad. Si el trámite no se cumple, el beneficio podrá ser suspendido y luego dado de baja, siempre con garantía de debido proceso.

En el sistema de prestaciones, la iniciativa redefine el principio de universalidad. Garantiza un piso mínimo de cobertura, pero sin aranceles ni valores uniformes en todo el país. Los montos y las modalidades de financiamiento quedarán sujetos a las competencias y capacidades de cada jurisdicción. Cuando el responsable sea el Estado nacional, los aranceles deberán actualizarse de manera trimestral.

El proyecto incorpora además un nuevo esquema de financiamiento, con partidas específicas dentro del Ministerio de Salud y mecanismos de compensación presupuestaria si no alcanza el crédito disponible. A diferencia de la ley de emergencia, subordina la expansión de derechos a la disponibilidad de recursos.

También habilita convenios con las provincias y con la Ciudad de Buenos Aires para administrar programas de salud de los beneficiarios. En ese marco, establece un esquema de corresponsabilidad financiera entre Nación y jurisdicciones locales, especialmente para futuros beneficiarios.

Por último, la propuesta sustituye artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad, deroga disposiciones clave de esa norma y restablece la vigencia de leyes anteriores modificadas por ella. En sus fundamentos, el Ejecutivo invoca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el principio de cumplimiento progresivo según los recursos disponibles.