El Ejecutivo habilitó un sistema para bloquear celulares en cárceles federales

El Gobierno de Javier Milei autorizó la puesta en marcha de sistemas de tecnología avanzada para detectar y bloquear celulares en las cárceles federales. La medida quedó oficializada este lunes y apunta a impedir que personas detenidas continúen coordinando maniobras ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que habilita al Servicio Penitenciario Federal a aplicar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI. El objetivo es evitar el uso indebido de teléfonos móviles dentro de las prisiones y reforzar las capacidades de control intramuros.

El esquema quedó establecido en el "Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales". El mecanismo identifica los equipos a partir de dos códigos: el IMEI, que corresponde al número único de cada aparato, y el IMSI, vinculado a la tarjeta SIM.

Cuando un celular se activa en una zona prohibida, los equipos lo detectan de manera automática y generan un reporte con esos datos. A partir de allí, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios solicita el bloqueo inmediato a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, que deben validar la información y dejar el dispositivo inutilizado en un plazo máximo de 48 horas.

El sistema también contempla controles sobre el ingreso de celulares por parte de personal autorizado. Para ello se dispondrán sectores específicos fuera de las áreas restringidas donde agentes penitenciarios, funcionarios judiciales o abogados deberán dejar sus dispositivos antes de ingresar. Además, habrá monitoreo constante desde centros de control, registros actualizados de los equipos bloqueados y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento.

La resolución se enmarca en el régimen legal vigente sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, que reconoce el derecho de las personas detenidas a mantener comunicaciones en los términos previstos por la ley, aunque prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. La Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, estará a cargo de los trámites de adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida.

También se dispuso la adopción de ajustes técnicos para evitar que el funcionamiento del sistema afecte áreas exteriores a los establecimientos donde sea instalado.