Impulsan un régimen de alivio para familias con deudas de consumo
Un grupo de diputadas de Unión por la Patria presentó una iniciativa para reestructurar pasivos de hogares con un esquema administrativo y gratuito. El texto fija condiciones de acceso, suspende ejecuciones durante la negociación y crea un observatorio para relevar la situación del endeudamiento.
Las diputadas nacionales Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto con otros integrantes del bloque de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley de "segunda oportunidad" para hogares endeudados. La iniciativa se suma a otras propuestas legislativas en la misma dirección.
El texto, denominado "Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados", establece un mecanismo de reestructuración que podrá ser solicitado por personas con deudas de consumo superiores al 30% de sus ingresos o al 20% en casos de vulnerabilidad. También alcanza a entidades de crédito financieras, como bancos, y no financieras, entre ellas las billeteras virtuales.
En ese universo se mencionan plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X, que según el proyecto registran tasas reales por encima del 5% mensual y un 18% de deuda en situación irregular. La propuesta también crea un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que obligaría a renegociar las obligaciones de personas físicas en mora mediante un procedimiento administrativo.
Entre los puntos centrales, la iniciativa prevé la suspensión de juicios de embargo y de cobros mientras dure el proceso, el congelamiento de intereses por mora y multas, y la prohibición de empeorar la calificación crediticia del deudor. Además, dispone instancias de negociación obligatoria entre deudores y acreedores y, si no hay acuerdo, habilita al Estado a definir una reestructuración según la capacidad de pago del hogar.
Los fundamentos sostienen que el esquema prácticamente no implica costos para el Estado y plantean la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares para relevar niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento. El objetivo, según el proyecto, es contar con información para diseñar políticas públicas sobre la materia.
Como antecedente, el texto incorpora el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC), creado en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner y discontinuado por el gobierno de Javier Milei. También cita experiencias de desendeudamiento de otros países, como Desenrola Brasil y distintos programas europeos.
En los argumentos, las autoras señalan que, según el INDEC, uno de cada cuatro hogares pidió un préstamo durante el primer semestre de 2025, mientras que en los sectores de menores ingresos la proporción asciende a uno de cada tres. Asimismo, remarcan que el endeudamiento familiar se destina cada vez más a gastos corrientes y consumo, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y destrucción de puestos de trabajo.
El proyecto lleva además las firmas de Paula Penacca, Julia Strada, Lorena Pokoik, Teresa García, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique, Raúl Hadad, Juan Carlos Molina, Luciana Potenza, Florencia Carignano y Luana Volnovich. Se suma a otras iniciativas sobre desendeudamiento familiar presentadas por legisladores del mismo bloque.
En octubre de 2025, Cristina Fernández de Kirchner había expresado su preocupación por el crecimiento del endeudamiento familiar y sostuvo que "nadie puede construir su vida con la soga al cuello". En esa oportunidad, remarcó la necesidad de un programa que permitiera renegociar deudas con "tasas justas, plazos sostenibles y respaldo del Estado".