La Pampa fue a la Justicia contra la ley de glaciares y dice que afecta su acceso al agua
El gobierno provincial, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientales, presentó un amparo colectivo en el juzgado federal de Santa Rosa. Sostiene que la norma perjudica derechos ambientales y pone en riesgo el caudal de ríos clave para la provincia.
El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa para frenar la aplicación de la ley de glaciares, al considerar que la norma impacta de manera directa sobre el acceso al agua en la provincia.
El gobernador Sergio Ziliotto remarcó que La Pampa no tiene glaciares, pero depende del único río que hoy corre por su territorio, de origen glacial. En esa línea, advirtió que la ley podría provocar menos agua y agravar una situación que ya afecta a la provincia por la reducción de otros cursos hídricos.
La presentación fue impulsada junto con la Universidad Nacional de La Pampa y las ONGs Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos. Según explicaron, el planteo busca que la norma no se aplique hasta que se defina su constitucionalidad, al entender que vulnera derechos ambientales colectivos reconocidos por la Constitución Nacional y por convenciones internacionales.
A través de la fiscal Romina Schmidt y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el gobierno provincial pidió además la nulidad absoluta de la ley sancionada por el Congreso. Ziliotto sostuvo que la medida afecta a todos los pampeanos y que la provincia defiende un derecho básico: el acceso al agua.
Schmidt, en tanto, advirtió que el daño no es abstracto sino real, porque una merma en la cantidad y calidad del agua del río Colorado impactaría en toda la población.
La disputa se inscribe en una pelea histórica de La Pampa por sus recursos hídricos. Desde la gobernación recuerdan que la provincia mantiene desde hace más de 50 años un litigio con Mendoza por el río Atuel y que sigue a la espera de que se cumpla un fallo que obliga a garantizar un caudal mínimo. Para la administración provincial, la alteración de los ríos aguas arriba compromete de forma irreversible el riego, la agricultura y la vida humana en las zonas de aguas abajo.