Un médico irá a juicio acusado de cobrar por una cirugía en un hospital público

La causa judicial contra un médico de San Juan sumó este miércoles un nuevo capítulo y quedó más cerca de la instancia de juicio. En una audiencia clave, la fiscalía presentó formalmente la acusación y detalló las pruebas reunidas durante la investigación.

El profesional está imputado por presunta estafa y por incumplir sus obligaciones como funcionario público. Según la reconstrucción del caso, habría solicitado dinero a un paciente para realizar una cirugía en un hospital estatal, donde ese tipo de intervención debía ser gratuita.

Durante la exposición, el fiscal Nicolás Schiattino sostuvo que el médico fijó de manera irregular un pago de $250.000 y que lo hizo apelando a la urgencia del paciente, quien necesitaba operarse. De acuerdo con la acusación, el argumento utilizado fue la supuesta falta de insumos, lo que habría derivado en el pedido de una transferencia.

La investigación también precisó el circuito del dinero: el pago se habría realizado a través de una billetera virtual, desde la cuenta del paciente hacia una cuenta personal del imputado. Para la fiscalía, ese punto resulta central, ya que en el sistema público los profesionales no pueden percibir honorarios de manera directa por ese tipo de prácticas.

El caso se originó tras una denuncia presentada en marzo de 2025 por la pareja del paciente, quien falleció días después de la intervención. Según el expediente, el hombre había sufrido una lesión en el tendón de Aquiles jugando al fútbol y fue atendido por el médico ahora acusado, quien indicó la necesidad de una cirugía.

Siempre de acuerdo a la acusación, antes de la operación —realizada en un hospital público— el profesional habría solicitado el pago mediante un mensaje, condición que se habría cumplido previo a la intervención. El paciente fue operado, recibió el alta al día siguiente y murió pocos días más tarde mientras era trasladado a otro centro de salud.

Concluida esta etapa procesal, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio, donde se evaluarán las pruebas y se definirá la eventual responsabilidad penal del imputado.

En ese marco, la fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos, al considerar acreditadas las conductas investigadas.