El oficialismo reunió quórum y abrió el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a las 15.13 la sesión en la que La Libertad Avanza buscará aprobar la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas. En Labor Parlamentaria se acordó una jornada de entre 11 y 12 horas, con más de 60 oradores para el tema principal y votación prevista para la madrugada.

Además del expediente sobre glaciares, el temario incluye tres tandas de cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento, herramientas con las que la oposición intentará incomodar al oficialismo. La sesión especial marca la primera apertura del recinto desde el inicio del período ordinario, el pasado 1ro. de marzo.

Fuera del Congreso, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas que rechazan la reforma, entre ellas La Cámpora, convocaron a una marcha tras la audiencia pública en la que expuso una parte mínima de los más de 100 mil inscriptos. Desde distintas ONG y particulares anticiparon que, si la ley se sanciona, acudirán a la Justicia y cuestionarán también la modalidad de esa audiencia, a la que no reconocen como tal.

En paralelo, la oposición buscará plantear reparos sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las investigaciones vinculadas con sus viajes y patrimonio. Aunque habrá cuestiones de privilegio, los bloques más duros no contarían con número para emplazar comisiones que habiliten una eventual interpelación, mientras que está previsto que el funcionario asista a una sesión informativa en 20 días.

También se intentará reunir apoyo para emplazar el tratamiento de un proyecto sobre la postura de Argentina frente a la guerra en Medio Oriente. La iniciativa, firmada por diputados de Unión por la Patria y encabezada por Juan Marino, cuestiona declaraciones y acciones del Poder Ejecutivo, reivindica una posición de prescindencia activa y remarca el respeto al derecho internacional y a la resolución pacífica de controversias.

La reforma de la Ley de Glaciares llegó al recinto un día después de obtener dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. El despacho de mayoría reunió 37 firmas de LLA, Pro, UCR y bloques provinciales, mientras que los otros tres dictámenes fueron presentados por Unión por la Patria, Provincias Unidas y Maximiliano Ferraro, de la CC.

El proyecto con media sanción modifica la Ley 26.639 y redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: glaciares y geoformas del ambiente periglacial "que cumplan funciones hídricas", ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales previsto en el artículo 41 de la Constitución.

Con 95 miembros, La Libertad Avanza confía en alcanzar la aprobación con una base de entre 130 y 135 votos, aunque algunas estimaciones la elevan a 140. Para ello espera el acompañamiento del Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales como Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, con legisladores que responden a Raúl Jalil y Marcelo Orrego. También podrían sumarse votos desde Provincias Unidas y desde el propio bloque Unión por la Patria, como ocurrió en el Senado.

La reforma fue redactada por el Consejo de Mayo e incorpora el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares quedará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumple funciones hídricas. Esa verificación quedará en manos de cada provincia, que deberá remitir la información al IANIGLA para actualizar el inventario.

El texto también modifica el régimen de prohibiciones, que regirá solo sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Se mantienen vedadas la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y las obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica, mientras que las provincias podrán determinar mediante evaluación de impacto ambiental si un proyecto implica una alteración de ese tipo.

Otra de las modificaciones exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo justifique. Quedan exceptuadas únicamente las actividades de rescate, las científicas no invasivas y los deportes no motorizados. El IANIGLA seguirá a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero con un flujo permanente de información desde las provincias, en un esquema que el Gobierno justifica por el estado actual del relevamiento, a quince años de vigencia de la ley.