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Salud y Parlamento

La Casa Rosada prepara una reforma integral de la Ley de Salud Mental

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el Gobierno remitirá al Congreso Nacional un proyecto para actualizar la normativa vigente. La iniciativa apunta a revisar criterios de intervención, internaciones y organización de la red de atención.

La Casa Rosada prepara una reforma integral de la Ley de Salud Mental

El Gobierno enviará al Congreso Nacional un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, de acuerdo con lo comunicado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, señalaron que la propuesta busca actualizar la norma sancionada en 2010 para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Según esas fuentes, la iniciativa pretende proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encontrarían un encuadre adecuado, además de superar limitaciones para atender casos de riesgo y emergencia. También plantea clarificar conceptos y criterios a partir de un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo.

En ese diagnóstico, la cartera sanitaria indicó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental. En el Gobierno sostienen además que el término "padecimiento mental" resulta ambiguo y demasiado amplio, por lo que el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas) e incorporar el concepto de trastornos mentales o del comportamiento.

La reforma también reemplaza el criterio actual por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", con el objetivo de habilitar intervenciones más oportunas y preventivas. La internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario, y los psiquiatras podrán indicar una internación involuntaria que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

Además, el proyecto propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En los casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, si estuviera afectada, podrá convertirse en involuntaria con aviso a la justicia. La iniciativa también busca fortalecer la red de atención con hospitales especializados y ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.

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