Proyecto en Diputados busca acotar las tasas municipales y exigir un servicio verificable

Un proyecto presentado por la diputada Patricia Vásquez y acompañado por otros legisladores del oficialismo propone establecer por ley los requisitos constitucionales que deben reunir las tasas municipales, con el fin de evitar cobros sin servicio concreto y limitar su uso con fines recaudatorios. La iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados y busca unificar criterios a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto dispone que solo podrán exigirse tasas cuando exista una prestación estatal concreta, efectiva, individualizada y razonablemente proporcional al monto cobrado. También precisa que se considerará tasa únicamente a aquella prestación pecuniaria cuyo hecho imponible sea la efectiva prestación de un servicio público que reporte un beneficio directo al contribuyente o a un bien determinado.

En ese marco, el proyecto prohíbe la creación o aplicación de tasas que funcionen como impuestos encubiertos o que carezcan de una vinculación directa con el servicio brindado. Además, fija como requisitos esenciales la existencia comprobable de la prestación estatal, la identificación del contribuyente como destinatario directo del servicio y la proporcionalidad razonable entre el costo del servicio y el monto exigido.

La propuesta también impone a los municipios la carga de probar la efectiva prestación, su individualización y su costo, tanto en sede administrativa como judicial. Según el articulado, las tasas exigidas sin cumplir esas condiciones afectan de manera ilegítima el derecho de propiedad y pueden alcanzar carácter confiscatorio cuando implican la absorción de una porción sustancial de la renta o del capital del contribuyente.

En esos casos, el proyecto habilita la nulidad de las ordenanzas municipales y el reclamo de repetición de las sumas indebidamente abonadas. En los fundamentos, Vásquez y los firmantes citan fallos recientes de la Corte Suprema, entre ellos los casos Gasnor contra la Municipalidad de La Banda y Compañía Química contra una comuna bonaerense, además de la declaración de inconstitucionalidad de la denominada ecotasa en 2024.

El texto sostiene que la autonomía provincial y municipal reconocida por el sistema federal no es absoluta y no habilita la creación de tributos que vulneren principios constitucionales como la razonabilidad tributaria y la prohibición de confiscatoriedad. En ese sentido, plantea que corresponde al Congreso garantizar una protección homogénea del derecho de propiedad en todo el territorio nacional y convoca a provincias y municipios a adherir al régimen y dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación.

Los autores afirman que la ley no busca sustituir la potestad tributaria municipal, sino fijar límites claros para evitar abusos y reforzar la seguridad jurídica de contribuyentes, empresas y ciudadanos frente a los cobros locales.