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Vía judicial

"Hasta las últimas consecuencias": el Gobierno inicia acciones legales contra un periodista y una productora

El Gobierno de San Juan exigió una rectificación o la presentación de pruebas en un plazo de 24 horas luego de la difusión de un informe televisivo. Si no hay respuesta, anticipó que impulsará acciones judiciales por calumnias e injurias.

"Hasta las últimas consecuencias": el Gobierno inicia acciones legales contra un periodista y una productora

El Gobierno de San Juan inició una acción legal contra el periodista Tomás Méndez por la difusión de un informe televisivo que, según la Provincia, contiene acusaciones "infundadas" y "agraviantes" contra el gobernador Marcelo Orrego. En ese marco, se remitieron cartas documento al periodista, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, con el pedido de rectificación pública o ratificación de lo expresado con pruebas en un plazo de 24 horas.

En diálogo con Radio Mil20, el asesor letrado de Gobierno, Facundo Rojas Clariá, señaló que la medida busca "lograr una reparación o una retractación" frente a expresiones que consideran agraviantes. "El gobernador tomó la decisión de iniciar un camino para lograr una reparación por todos los dichos infundados que atentan contra su buen nombre y honor", sostuvo, al tiempo que indicó que las referencias alcanzan también a la provincia: "Se han mencionado hasta a San Juan, por eso se inició el camino legal correspondiente".

Desde el Ejecutivo afirmaron que en la presentación se atribuyeron al gobernador "hechos ilícitos de extrema gravedad", mediante expresiones "manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico". Rojas Clariá explicó que esta instancia es previa a una demanda judicial y precisó: "Primero se le da la posibilidad de que acredite lo que dice o que se retracte. Si no sucede, se avanzará por la vía judicial".

El funcionario agregó que las cartas documento exigen dos alternativas: respaldar las afirmaciones con documentación o cesar las expresiones consideradas injuriantes. "Se ha utilizado documentación parcializada o mal interpretada. Nosotros vamos a presentar las constancias que acreditan la legalidad de todo lo actuado", afirmó. Desde el Gobierno sanjuanino remarcaron además que "la imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegítima que afecta la institucionalidad y no puede ser tolerada".

El caso se inscribe en un escenario en el que otros gobernadores también promovieron acciones similares contra el mismo periodista, entre ellos Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rogelio Frigerio. En paralelo, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi analizan avanzar en el mismo sentido. Por el momento, el Gobierno aguarda la respuesta de los intimados.

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