Para evitar subas, el Gobierno demora hasta mayo el aumento de impuestos a los combustibles
La medida se formalizó mediante el Decreto 217/2026 y alcanza a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. El Gobierno busca moderar la presión sobre los surtidores en un contexto de alza internacional del petróleo.
El Gobierno resolvió postergar otra vez la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y trasladó sus efectos para mayo, según el Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La disposición también difiere los incrementos pendientes en los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, vinculados a las actualizaciones de los años calendario 2024 y 2025 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. En el texto oficial se indicó que la medida se adoptó "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible" y por considerar "necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".
La decisión se tomó en un escenario de mayor presión sobre los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente, con el objetivo de evitar un impacto adicional en los surtidores y atenuar su traslado a la inflación. Desde septiembre del año pasado, el Ejecutivo aplica ajustes parciales y dispuso que las subas se calculen en función de la inflación, con actualización trimestral. Además, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
La nueva postergación se mantendrá hasta mayo, en un contexto marcado por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos e Israel y con el petróleo cerca de los US$100. Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de estos tributos. Según la consultora Economía y Energía, las postergaciones aplicadas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por US$2.326 millones.