El Ejecutivo recurrirá la cautelar sobre financiamiento universitario y evalúa aplicar la ley de forma gradual

El Gobierno apelará la resolución que confirmó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y dispuso la actualización de salarios docentes y no docentes, la recomposición de becas y el sostenimiento de partidas para investigación. En paralelo, los equipos jurídicos de Nación avanzan sobre los expedientes y definen la estrategia judicial.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la cautelar vinculada con la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. La primera instancia del Ejecutivo será presentar un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara que dictó la medida, con la expectativa de que sea rechazado para luego recurrir en queja ante la Corte Suprema.

En la Casa Rosada sostienen que, en paralelo, aplicarán la norma "por goteo", con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, aunque sin consolidar de una sola vez el costo en el presupuesto anual. En ese esquema, buscan cubrir las erogaciones en los mínimos mensuales y evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto.

El conflicto se concentra en los artículos 5 y 6 de la ley, que ordenan actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período. También prevén recomponer los programas de becas estudiantiles según la variación acumulada del IPC, además de partidas para investigación y adecuaciones presupuestarias para asegurar el cumplimiento.

El oficialismo mantiene la postura de que la aplicación plena de la ley tiene un impacto fiscal que pretende dosificar. Esa discusión ya había quedado expuesta cuando Nación promulgó la norma y, al mismo tiempo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes.

En el mediano plazo, el Ejecutivo busca modificar la ley con un nuevo proyecto en el Congreso. No apunta a derogarla, sino a reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. Esa línea ya había comenzado a delinearse en febrero, cuando el oficialismo afirmaba contar con los votos para impulsar una nueva norma de financiamiento universitario.

En Balcarce 50 también observan como antecedente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminó reglamentada por decreto después de semanas de tensión judicial y administrativa, sin que el Gobierno abandonara su posición sobre el fondo del asunto. Por ese motivo, no descartan una reglamentación similar para universidades.