San Juan ante su mayor desafío hídrico: menos agua, más presión y un sistema en jaque
El Sexto Informe de Coyuntura revela que la provincia enfrenta una "mega-sequía" con embalses por debajo de niveles de seguridad y una fuerte caída en la disponibilidad para riego y consumo humano
La provincia de San Juan atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia hídrica. Así lo establece el Sexto Informe Técnico de Coyuntura elaborado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA), que describe un escenario marcado por la sequía extrema, la caída sostenida de los caudales y el agotamiento de un modelo de gestión que ya no responde a las condiciones actuales.
De acuerdo con el documento, el derrame previsto del río San Juan para el ciclo 2025/26 se ubica entre 531 y 614 hectómetros cúbicos, muy por debajo de los valores históricos y de las proyecciones iniciales. Este déficit impacta directamente sobre el sistema de embalses —Caracoles, Punta Negra y Ullum— que ya se encuentra por debajo de los niveles de seguridad operativa, comprometiendo tanto la provisión de agua potable como la estabilidad de la infraestructura.
El informe advierte que esta situación no responde a un evento aislado, sino a una tendencia prolongada: en las últimas dos décadas, la región ha atravesado una "mega-sequía", con caudales que en la última década fueron un 50% inferiores a la media histórica. A esto se suma la retracción de glaciares —con una reducción superior al 27% en ciertas geoformas— y la disminución de las precipitaciones níveas, factores que configuran un escenario de menor disponibilidad hídrica estructural.
En este contexto, el Gobierno provincial enfrenta un dilema crítico: priorizar el consumo humano y la seguridad de las presas implica reducir el agua destinada al riego agrícola entre un 5% y un 18%, lo que impacta directamente sobre la producción.
Cinco alertas que se agravan
El CIGIAA confirma que los cinco puntos críticos identificados en 2023 no solo persisten, sino que se han profundizado. Entre ellos, se destaca el riesgo estructural de las presas, que han operado durante años por debajo de niveles seguros; la sobreexplotación del acuífero del Tulum, con descensos de hasta 3 metros anuales en promedio; y el deterioro de la calidad del agua, afectada por nitratos y salinidad.
También se agrava el riesgo en la provisión de agua potable, dado que el bajo nivel del dique Ullum compromete la captación, mientras que el acuífero —fuente de abastecimiento para más de la mitad de la población— presenta signos de agotamiento y contaminación.
A nivel territorial, la cuenca baja evidencia un proceso acelerado de desertificación, producto de más de una década sin escurrimientos significativos hacia los humedales de Guanacache. Esta situación impacta en la biodiversidad y en las condiciones de vida de las comunidades rurales.
En paralelo, el sector agrícola enfrenta pérdidas productivas, mayores costos y desigualdad en el acceso al agua. Los productores sin acceso a perforaciones quedan excluidos en momentos críticos, mientras que quienes dependen del agua subterránea afrontan mayores costos energéticos y menor calidad del recurso.
Un modelo de gestión en crisis
El informe identifica como causa estructural de la crisis a un modelo de gestión rígido, centralizado y basado en la oferta. En el valle de Tulum, aunque existen más de 124 mil hectáreas empadronadas para riego, menos de la mitad se cultiva. A esto se suma una eficiencia global del sistema inferior al 20%, muy lejos del 60% considerado óptimo.
Las pérdidas se explican por la distribución uniforme del agua sin considerar cultivos o superficie efectiva, el uso predominante de riego gravitacional y el deterioro de la infraestructura. Este esquema genera un círculo vicioso: en años húmedos, se desperdicia agua y se salinizan suelos; en años secos, se intensifica la extracción subterránea, agravando el deterioro del acuífero.
Además, el sistema incumple principios básicos de gestión hídrica como la fiabilidad, la equidad y la flexibilidad. La falta de previsibilidad desalienta inversiones, las asimetrías perjudican a productores ubicados aguas abajo y la normativa vigente impide adaptar la distribución a las necesidades reales.
Las claves para salir de la crisis
Frente a este diagnóstico, el CIGIAA propone un cambio profundo en la gobernanza del agua. Entre las principales recomendaciones, se destaca la necesidad de gestionar el recurso a escala de cuenca, abandonar el modelo basado en la oferta y avanzar hacia una planificación basada en la demanda real de los cultivos.
El informe también sugiere descentralizar la gestión, otorgando mayor autonomía a las organizaciones de usuarios, y reformar el marco normativo —incluido el Código de Aguas— para permitir una distribución más flexible y eficiente.
En materia de inversiones, plantea priorizar la modernización de canales, la medición precisa de caudales, el control de extracciones subterráneas y la reconversión hacia sistemas de riego presurizado.
Finalmente, introduce un concepto clave: la necesidad de garantizar un caudal ecológico mínimo en el río, tanto para recargar el acuífero como para sostener los ecosistemas de la cuenca baja.
Una crisis que también es oportunidad
El informe concluye que la crisis hídrica en San Juan no es solo consecuencia del clima, sino de un modelo de gestión que no logró adaptarse a un escenario de escasez estructural. La combinación de sequía, ineficiencia y rigidez institucional pone en riesgo el futuro productivo, ambiental y social de la provincia.
Sin embargo, el CIGIAA plantea que este escenario también representa una oportunidad histórica: la de construir un sistema de gestión del agua basado en la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad, capaz de garantizar el desarrollo de San Juan en las próximas décadas.
