La Justicia ordenó actualizar salarios y becas en el sistema universitario

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la resolución del juez Cormick y dispuso que el Estado actualice los salarios docentes y las becas estudiantiles previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

De acuerdo con la norma aprobada por el Congreso, los haberes docentes deben incrementarse un 12,3% en tres tramos, a aplicarse en marzo, julio y septiembre de 2026. La decisión también alcanza la negociación paritaria, que deberá revisarse con una periodicidad máxima de tres meses en función de la inflación.

El fallo incluye, además, la obligación de garantizar los gastos mínimos de funcionamiento y una partida específica de $80.000 millones para los hospitales universitarios, destinada exclusivamente al sistema de salud.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades se profundizó durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, con la prórroga del presupuesto de 2023. En un contexto de inflación interanual superior al 200%, las casas de estudio advirtieron que los fondos solo alcanzaban hasta mayo o junio y denunciaron cortes de servicios básicos como la luz y el gas, además de la suspensión de programas de investigación.

La disputa derivó en dos movilizaciones de alcance nacional. El 23 de abril de 2024, una marcha en todo el país obligó al Gobierno a actualizar parcialmente las partidas de gastos de funcionamiento, aunque dejó fuera el reclamo salarial docente. Más tarde, el 2 de octubre de 2024, tras el veto de Milei a la ley, se realizó una segunda marcha federal; luego, el Congreso ratificó el veto con respaldo del PRO y de sectores aliados.

Después de esa decisión, el Ejecutivo endureció su postura y acusó a las universidades de funcionar como centros de "adoctrinamiento" y de opacidad en el manejo de fondos. También promovió auditorías a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mientras que los rectorados sostuvieron que, por la autonomía constitucional, el control corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso.

Si bien el Palacio Legislativo sancionó una nueva ley a fines de 2025, el Ejecutivo evitó su implementación plena y eso derivó en una serie de amparos judiciales. La resolución conocida ahora se produjo en medio del paro de docentes universitarios por 48 horas, iniciado este lunes 30 de marzo.