Las universidades públicas afrontan otra suspensión de actividades por 72 horas
Docentes y no docentes retomarán las medidas de fuerza en reclamo por el financiamiento del sistema universitario. La protesta se suma al paro realizado a mediados de marzo y coincide con el inicio de una nueva etapa de tensión con el Gobierno.
Las universidades públicas del país volverán a interrumpir su funcionamiento académico en la última semana de marzo debido a un nuevo paro convocado por gremios docentes y no docentes. La medida se extenderá durante 72 horas, desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1° de abril, en el marco del reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La protesta se produce después del paro de cinco días realizado entre el 16 y el 20 de marzo. Los sindicatos sostienen que persisten las demoras en la actualización presupuestaria, los salarios, los gastos de funcionamiento y las becas estudiantiles, mientras continúa sin aplicación la norma ratificada por dos tercios del Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo.
En ese escenario, la Justicia falló a favor de las universidades, aunque la administración nacional apeló la decisión. Paralelamente, el Ejecutivo planteó un aumento salarial del 12,3% en tres tramos —marzo, julio y septiembre—, propuesta que fue considerada insuficiente por los gremios. Desde el sector docente afirman que, para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023, sería necesario un incremento del 55,4%.
La medida de esta semana, sumada a los feriados del jueves y viernes, dejará sin clases a las universidades públicas durante varios días consecutivos. Además, si no se registran avances en la implementación de la ley ni convocatoria a paritarias —suspendidas desde octubre de 2024—, ya se anticiparon nuevas acciones: una Marcha Federal prevista para el 23 de abril y otro paro en la semana del 27.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional expresó su preocupación tras una reunión de rectores realizada en Santa Rosa. En su documento final, advirtió que la situación presupuestaria del sistema es "crítica" y señaló que las transferencias a las universidades registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
El informe también detalló el impacto sobre los salarios: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los haberes aumentaron un 158%, mientras que la inflación llegó al 280%, con una pérdida del poder adquisitivo cercana al 32%. Según el CIN, ese deterioro equivale a la pérdida acumulada de aproximadamente 7,3 salarios mensuales.
Respecto de los gastos de funcionamiento, el organismo indicó que los fondos asignados no superaron el 64% de los niveles de enero de 2023 durante la actual gestión y que hoy rondan el 40% de esos valores. En paralelo, también advirtió sobre el recorte en las becas estudiantiles: las partidas destinadas a las Becas Progresar registraron una caída nominal del 82% entre 2025 y 2026, lo que en términos reales implica una reducción superior al 95% respecto de 2023.
