Denuncian a Adorni por un aumento patrimonial del 500%

El fiscal federal Gerardo Pollicita formuló un requerimiento para que se investigue al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La figura penal sanciona a funcionarios públicos cuyo patrimonio crece de manera desproporcionada respecto a sus ingresos legítimos.

En su presentación ante la Justicia, el fiscal pidió impulsar la acción penal. Consideró que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa, en base a una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

La denuncia sostiene que el funcionario habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada en relación con sus ingresos como servidor público. El expediente quedó ahora en manos del juzgado federal de Ariel Lijo.

Qué señala la denuncia contra Manuel Adorni
El eje central de la acusación apunta a un incremento patrimonial del 500% en un único período fiscal. Según el escrito, existen severas discrepancias entre las declaraciones juradas presentadas por el funcionario.

También se menciona la posible omisión de activos financieros y depósitos en el exterior. La denuncia incluye la incorporación de fondos cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.

Entre los datos remarcados por la fiscalía, se destaca la declaración de dinero en efectivo tanto en dólares como en pesos. Además, figura un nivel significativo de endeudamiento que llamó la atención de los investigadores.

Otro punto bajo análisis es la presunta existencia de un inmueble no declarado en un country de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una propiedad que no figura en los papeles oficiales.

La casa fantasma en el Country Indio Cúa
La denuncia señala específicamente una vivienda en el Country Indio Cúa Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Esa propiedad no se encontraría consignada en la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo al escrito citado por el fiscal, múltiples fuentes coincidentes señalan que Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, habrían estado vinculados a la construcción de esa vivienda. Sin embargo, no figura en su declaración jurada patrimonial.

En ese sentido, se advierte una posible discordancia con la documentación oficial. El funcionario declaró únicamente dos propiedades y no consignó bienes en ese emprendimiento inmobiliario.

La denuncia aporta datos concretos sobre el valor de mercado en esa zona. Según información pública de portales inmobiliarios, el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente u$s149.875.

Los precios oscilan entre u$s129.000 y u$s249.000, dependiendo de la superficie y ubicación del lote. A eso debe sumarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000.

Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas del complejo. Se trata de montos significativos que deberían estar reflejados en la documentación patrimonial de un funcionario público.

Medidas de prueba para avanzar en la investigación
Para profundizar la pesquisa, el fiscal Pollicita pidió una batería de medidas de prueba. En total, solicitó 12 diligencias que apuntan a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

Entre las medidas pedidas, figura un pedido de informes a registros de la propiedad, tanto nacionales como provinciales. También requirió datos de la Oficina Anticorrupción y de ANSES.

El objetivo es verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias a nombre de Adorni o su pareja. La fiscalía quiere cruzar información de distintas fuentes oficiales.

Una de las diligencias específicas apunta a determinar quién paga las expensas de la casa en el country. Por eso, Pollicita pidió librar un oficio a la administración del Country Indio Cúa.

También solicitó a la municipalidad que informe si se tramitó algún permiso de construcción a nombre del funcionario o su pareja. Ese dato podría ser clave para establecer la vinculación con la propiedad.

El fiscal consideró necesario pedir al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires información completa. Quiere conocer la totalidad de los bienes inmuebles registrados a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti.

El pedido incluye detalle de titularidad, porcentajes, fecha de adquisición, gravámenes, inhibiciones y demás constancias de dominio. Se trata de un rastreo exhaustivo del historial inmobiliario de ambos.

Además, requirió datos migratorios y movimientos laborales del funcionario. También pidió documentación sobre eventuales operaciones inmobiliarias o financieras que pudieran estar relacionadas con el caso.

Otra línea de investigación apunta a los supuestos préstamos familiares mencionados en la denuncia. El fiscal quiere verificar si esos préstamos efectivamente existieron y si explican de manera razonable el incremento patrimonial observado.

Qué sigue en el expediente judicial
Una de las medidas sugeridas es pedir a la Oficina Anticorrupción copia certificada de todas las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Adorni. Eso incluye los anexos reservados correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, si existiere esta última.

El fiscal también quiere saber si el funcionario presentó la declaración jurada correspondiente al último ejercicio exigible. Además, pidió que se acompañe la declaración jurada patrimonial integral de alta cuando Adorni asumió su cargo.

La investigación quedó ahora a consideración del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. El magistrado deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Si el juez autoriza las diligencias, la fiscalía podrá avanzar en el cruce de información patrimonial. El proceso judicial recién comienza y podría extenderse varios meses hasta llegar a una resolución definitiva.