La Justicia ordena actualizar los salarios de trabajadores viales tras más de un año de congelamiento

Un fallo del juzgado contencioso administrativo N°1 de Avellaneda-Lanús ordenó actualizar los salarios de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, que llevaban 16 meses sin modificaciones. La medida, de carácter cautelar e innovativo, dispuso su aplicación inmediata y la equiparación con los incrementos otorgados a otros empleados estatales desde noviembre de 2024.

Desde el ámbito sindical, el secretario general de la seccional San Juan, Carlos Ordoñez, manifestó su conformidad con la resolución y remarcó el efecto del congelamiento salarial. "Estamos satisfechos con el fallo, porque reconoce una situación que ya era insostenible", señaló, al recordar que durante ese período las paritarias no registraron avances: "La pauta fue siempre 0%".

Ordoñez indicó que el último aumento se había otorgado en octubre de 2024 y que desde entonces los haberes quedaron por detrás de la inflación. Según explicó, los incrementos aplicados a otros estatales oscilaron en muchos casos entre 1% y 2% mensual, aunque aun así superaron a los del sector vial. "Siempre estuvimos por debajo incluso de esos porcentajes, que ya eran menores a los del sector privado", afirmó.

El dirigente describió además una situación social delicada entre los trabajadores. "Hoy más del 60% de los compañeros está por debajo de la línea de pobreza", sostuvo, y añadió que entre el 50% y el 60% no supera los 800 mil pesos de salario mensual.

El fallo también alcanza otros conceptos salariales. De acuerdo con lo explicado por el sindicalista, los haberes de marzo deberán liquidarse con actualización y, si ya fueron abonados sin ese ajuste, el organismo tendrá 15 días para completar la diferencia mediante planilla complementaria. Además, el retroactivo, incluido el aguinaldo, se pagará en tres cuotas bimestrales.

En paralelo, Ordoñez advirtió sobre el contexto que atraviesa la repartición, marcado por recortes y reducción de personal. Señaló que existe un proceso de desfinanciamiento que afecta el funcionamiento del organismo y recordó que el año pasado se intentó su eliminación mediante un decreto que luego fue rechazado por el Congreso. También mencionó un plan de retiros voluntarios a nivel nacional, al que se adhirieron más de 600 trabajadores.

"Más que voluntarios, son retiros forzados por la situación que estamos viviendo", expresó el dirigente. En San Juan, precisó, fueron 25 los empleados que optaron por esa modalidad. Por último, consideró que la actualización salarial dispuesta por la Justicia podría modificar las condiciones en que fueron calculados esos retiros, al haberse tomado como referencia sueldos sin actualizar. "Todo eso va a cambiar con este fallo", concluyó.