Mendoza quiere prohibir que funcionarios y sus familiares accedan a viviendas del IPV

Un proyecto de ley ingresó esta semana a la Legislatura de Mendoza con un objetivo puntual: impedir que funcionarios públicos, sus familiares y socios comerciales puedan acceder a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

La iniciativa fue presentada por el senador del PJ, Mauricio Sat, quien sostuvo que la medida apunta a evitar abusos de poder, reforzar la transparencia y asegurar que las viviendas estatales lleguen exclusivamente a quienes más las necesitan, en un contexto de alta demanda y escaso acceso al crédito hipotecario.

El texto establece que ningún funcionario de los tres poderes del Estado provincial ni del ámbito municipal podrá ser adjudicatario de una vivienda del IPV. La prohibición también alcanza a familiares directos y a personas vinculadas comercialmente, con el fin de cerrar posibles vías indirectas de acceso.

Además, la restricción se mantendría hasta dos años después de dejar el cargo, para evitar maniobras posteriores. Según el autor del proyecto, la normativa vigente no contempla incompatibilidades para funcionarios, lo que puede generar conflictos de interés y afectar el principio de igualdad.

Otro punto central de la propuesta es la creación de un registro público digital de adjudicatarios, que deberá actualizarse de forma periódica para garantizar el control ciudadano y la transparencia en la asignación de viviendas. Finalmente, el texto advierte que cualquier adjudicación que viole estas disposiciones será considerada nula y podría derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.