Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud: alcances y consecuencias
Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud, convirtiéndose junto a Estados Unidos en uno de los pocos países fuera de esta entidad. Esta medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei y que generó rechazo de sectores científicos y sociales, impacta en la capacidad sanitaria nacional y el acceso a programas clave.
El canciller Pablo Quirno confirmó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hecho oficial tras anticipos del año pasado por el ministerio de Salud. Esta decisión, adoptada por el gobierno de Javier Milei, se vincula a una alineación cercana con la política de Estados Unidos y fue fuertemente criticada por entidades científicas y organizaciones civiles por sus posibles efectos negativos en la salud pública.
La retirada afecta la capacidad estatal para responder a brotes y epidemias, compromete programas esenciales como vacunación y salud sexual y reproductiva, y acentúa desigualdades sociales. Actualmente, solo Liechtenstein, Niue, Islas Cook, junto con Estados Unidos y Argentina, quedan fuera de la OMS.
La OMS no solo emite recomendaciones sobre enfermedades, sino que también reúne estadísticas y establece definiciones sobre patologías. Además, regula aspectos vinculados a la industria farmacéutica, incluyendo certificaciones para laboratorios y aprovisionamiento de medicamentos.
Paola García Rey, directora adjunta en Argentina de Amnistía Internacional, advirtió que alejarse de la OMS implica un aislamiento de la cooperación internacional y la pérdida de alertas tempranas y protocolos. Esto puede derivar en diagnósticos tardíos y deficiencias ante emergencias sanitarias.
Los programas de vacunación, tratamientos para enfermedades como VIH y tuberculosis, así como la atención en salud sexual y reproductiva, se ven particularmente amenazados. Además, la exclusión limita la participación en investigaciones internacionales y el acceso a evidencia global y tecnología.
En un contexto económico ajustado, perder el respaldo de la OMS podría sobrecargar a las provincias, especialmente a las más vulnerables, afectando la distribución de medicamentos y vacunas. También compromete la actualización de protocolos y la formación de profesionales conforme a estándares internacionales.
Finalmente, los grupos más afectados podrían ser mujeres, personas gestantes, adolescentes y comunidades históricamente vulneradas como LGBTIQ+, cuyos accesos a servicios integrales podrían verse reducidos, dificultando la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
