San Juan y la incertidumbre ante el fin del programa "Volver al Trabajo" y la llegada de los vouchers
Desde abril, el Estado eliminará el ingreso mensual para miles de beneficiarios, reemplazándolo por vouchers de capacitación. En San Juan, la medida genera dudas sobre su implementación y el impacto social.
El Gobierno nacional anuncia un fuerte ajuste en el sistema de contención social a partir de abril, con la eliminación definitiva del programa Volver al Trabajo. Cerca de 900 mil personas dejarán de recibir un ingreso mensual de $78.000, que será sustituido por un esquema de vouchers de capacitación.
La iniciativa oficial busca eliminar la intermediación y promover el empleo genuino, pero expertos advierten que en tiempos de recesión económica y mercado laboral débil, la medida afectará a los sectores más vulnerables. El Ministerio de Capital Humano calcula un ahorro fiscal cercano a $60.000 millones mensuales, aunque el programa actual funcionaba como un seguro de desempleo para miles de familias.
En contextos donde la actividad económica es tensa y el poder adquisitivo de ayudas como la AUH disminuye por la inflación, suprimir este esquema de asistencia amenaza con agravar la crisis social. Además, desde el oficialismo reconocen que muchos beneficiarios, ya trabajando en la informalidad, no podrán acceder a las capacitaciones, por lo que deberán elegir entre trabajar en changas o asistir a cursos, quedando fuera del sistema.
El nuevo sistema propone que los recursos lleguen en forma directa a los beneficiarios mediante vouchers para elegir capacitaciones en una "red federal" integrada por Estado y sector privado. Sin embargo, falta información clara acerca del proceso de inscripción y la disponibilidad de vouchers.
En San Juan, esta transición genera incertidumbre sobre la continuidad de planes sociales. La provincia llegó a contar con unos 22.000 planes, administrados parcialmente por el Ministerio de Desarrollo Humano local, con seguimiento y vinculación con el sector privado. Imponer un sistema estandarizado y restrictivo pone en riesgo estos avances, en un contexto donde ya se confirmó la baja de 1.100 beneficiarios locales.
Las nuevas reglas exigen un mínimo del 70% de asistencia y permanencia en los cursos, con pérdida definitiva del beneficio ante abandono, lo que ignora barreras estructurales como costo de transporte y necesidades básicas.
Mientras el Gobierno plantea redirigir fondos a unas 7.000 escuelas vulnerables bajo el lema "educar para el trabajo" y mantiene un programa residual para 300.000 personas, la mayoría de los beneficiarios queda en un limbo. La transición pondrá a prueba si los vouchers representan movilidad social real o un modo de recortar la asistencia estatal, dejando a los desocupados a su suerte.
