La necesidad de un cambio: un año seco que calienta posiciones por el agua

Un año seco, números en rojo
San Juan atraviesa uno de los períodos más críticos de su historia reciente en materia hídrica. En el corazón de la discusión aparece un dato contundente: el derrame anual del río San Juan podría ubicarse en torno a los 570 hectómetros cúbicos, muy por debajo de las proyecciones iniciales y lejos de los niveles necesarios para sostener el esquema productivo actual.
El dato más alarmante se registró durante el verano, cuando el río —en su época de mayor caudal— aportó apenas 308 hectómetros cúbicos, mientras que al sistema productivo se le entregaron 411, obligando a utilizar reservas acumuladas en los diques.

En este contexto, el Gobierno provincial propuso un esquema de distribución de 633 hectómetros cúbicos para riego, cifra que fue rechazada por sectores viñateros que exigen elevarla a 700 hectómetros cúbicos, e incluso desestimaron una propuesta intermedia de 650.

El trasfondo es claro: con menos agua disponible, sostener niveles de riego similares a años anteriores implica comprometer reservas estratégicas y, en el peor de los escenarios, poner en riesgo la seguridad del sistema.

Promesas, ajustes y tensiones políticas
El conflicto no es sólo técnico, sino también político. Parte del malestar de los productores se explica por declaraciones previas del Ministerio de Producción, que a fines de 2025 proyectaba la posibilidad de entregar 700 hectómetros cúbicos. Hoy, con un escenario climático deteriorado, ese volumen resulta inviable.
El secretario de Agricultura, Miguel Moreno, explicó que la merma en los caudales responde, entre otros factores, a procesos de sublimación en la cordillera que redujeron el volumen de nieve disponible. Sin embargo, estas explicaciones no lograron contener el reclamo del sector.

En paralelo, la discusión se trasladó al plano institucional. El consejero regante Nicolás Yanzón, junto a otros productores, impulsó una presentación judicial con el patrocinio del abogado Marcelo Arancibia para exigir explicaciones sobre la gestión hídrica y la ejecución presupuestaria del Departamento de Hidráulica.

Detrás de estas acciones, algunos actores del sector advierten la existencia de posicionamientos políticos y disputas de poder dentro del propio esquema de administración del agua. De hecho a Yanzón se lo identifica como un militante de la LLA en las últimas elecciones. A esto se le suma, que el otro consejero regante, Maximiliano Delgado, ex director de Hidráulica de Uñac, en su gestión tuvo una gobernanza de los caudales que puso en riesgo la seguridad de las presas poniendo en riego los diques con el uso indiscriminado de los descargadores de fondo.

Con este esquema planteado es que alrededor de 100 regantes de diferentes puntos de la provincia se reunieron en la puerta de hidráulica con un solo objetivo reclamar los 700 hectómetros cúbicos que pretenden y sin la posibilidad de bajar en volumen, ya que entienden que hay agua para hacerlo, cuando en realidad técnicamente el sistema está en rojo. Según se informó se acercaron algunas propuestas para levantar un poco más los 650 hectómetros cúbicos que dispone el gobierno. Hay referentes del sector que analizan que esto se podría llevar unos 15 hectómetros más, lo que representaría unos 5 días del volumen total de agua que se entrega. Asi las cosas parece que de a poco hay sectores más dialoguistas que buscan cerrar un acuerdo para seguir produciendo.

Un sistema que pierde casi la mitad del agua
Más allá de la puja coyuntural, los números evidencian un problema estructural. En los valles de Tulúm, Ullum y Zonda, la red de distribución cuenta con 867 kilómetros de canales impermeabilizados y 326 kilómetros de tierra, donde se registran pérdidas de entre 40% y 45% por infiltración y evaporación.
El problema se agrava en los canales terciarios —unos 1.600 kilómetros— donde la infraestructura precaria y la falta de mantenimiento hacen que el agua que llega a la finca represente apenas entre 15% y 20% del volumen liberado desde los diques.

En términos prácticos, de cada 10 litros que salen del sistema, apenas 2 llegan efectivamente a los cultivos.

Ineficiencia y desigualdad en la distribución
El esquema de gestión también está bajo cuestionamiento. Las juntas de riego, en su mayoría integradas por productores viñateros, son señaladas por otros sectores —como el hortícola y el semillero— por priorizar sus propias necesidades en la programación de cortas. Esto se vio claramente en la reunión que se llevó a cabo en el Consejo de Hidráulica el 3 de marzo donde hubo palabras de grueso calibre de parte de algunos semilleros para con el sector viñatero.
Paradójicamente, el sector vitivinícola es uno de los que más reclama mayor volumen de agua, pese a que en muchos casos continúa utilizando métodos de riego tradicionales, como la inundación a manto, que incrementan el consumo. El 80% de los viñedos está regado superficialmente y hay un bajísimo grado de tecnificación de los parrales.

Especialistas advierten que prácticas más eficientes, como el riego por bordos o sistemas de distribución por mangas, permitirían optimizar el uso del recurso sin necesidad de incrementar la dotación.

Ejemplos de eficiencia en el uso del agua la dan pistacheros, olivícolas y tomate para industria, quienes tecnificaron y en la actualidad tienen una eficiencia de riego superior al 90%.

El costo de no pagar y no invertir
Otro dato que refleja la fragilidad del sistema es el bajo nivel de cumplimiento en el pago del canon de riego: solo el 20% de los regantes abona este tributo.
Este incumplimiento limita la capacidad de inversión en infraestructura, obligando al Estado provincial a financiar la mayor parte de las obras de mantenimiento y mejora.

La consecuencia es un círculo vicioso: falta de inversión, mayores pérdidas, menor eficiencia y, finalmente, más presión sobre un recurso cada vez más escaso. La realidad es que tiene que llegar el momento en que el Estado ponga mano dura y salga hacer efectivos los controles para aumentar el porcentaje de cobro, más allá de las intimaciones masivas que se hicieron en el inicio de esta gestión cuando era director de Hidráulica el ingeniero Luis Kulivchesky.

Riesgos operativos y agua potable en juego
El reclamo por los 700 hectómetros cúbicos no solo tensiona las reservas, sino que también podría comprometer la seguridad de los diques, obligándolos a operar por debajo de la cota mínima de 579,2 hectómetros cúbicos.
Además, una menor disponibilidad de agua incrementa la turbidez, complicando el proceso de potabilización y afectando potencialmente el abastecimiento de agua potable.

Un modelo productivo en crisis
La crisis hídrica expone, en definitiva, las debilidades de un modelo productivo que durante décadas operó sin internalizar el valor del agua.
El sector vitivinícola, principal demandante del recurso, enfrenta además problemas estructurales: baja rentabilidad, dificultades de financiamiento y niveles de productividad que no alcanzan para sostener inversiones en tecnología de riego.

En este escenario, la discusión por el reparto del agua aparece como la punta del iceberg de un problema más profundo: la necesidad urgente de reconvertir el sistema productivo hacia esquemas más eficientes y sustentables.

Un cambio inevitable
La evidencia es contundente. Con menor disponibilidad hídrica y un escenario climático cada vez más adverso, San Juan enfrenta un punto de inflexión.
El debate ya no pasa solo por cuántos hectómetros cúbicos distribuir, sino por cómo se utiliza cada gota. Sin cambios estructurales —en infraestructura, gestión y cultura productiva— la crisis hídrica dejará de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una condición permanente.