Crisis en la recaudación: Caputo suspende reintegros de IVA a exportadores
En febrero de 2026, el Estado no efectuó devoluciones ni pagos de reintegros de IVA a exportadores, acumulándose una deuda que el sector califica como "default comercial". La falta de reintegros agrava la difícil situación financiera del gobierno.
La situación financiera del gobierno se profundiza ante una caída interanual del 10% en la recaudación de febrero, que podría repetirse en marzo. Sin embargo, el escenario es más grave considerando que no se cumplen las obligaciones fiscales.
Datos desagregados a los que accedió LPO revelan que en febrero de 2026 no se registraron pagos por devolución ni reintegros de IVA a exportadores, a diferencia de febrero del año anterior, cuando se pagaron alrededor de 50.000 millones de pesos en cada concepto.
Este incumplimiento implica que el Estado continúa en un default comercial con el sector exportador, el cual sufre al financiar al Estado debido a la suspensión de estos reintegros. El mecanismo tributario establece que el IVA pagado en la cadena de producción debe ser reintegrado porque las exportaciones están exentas de este impuesto.
Desde el último trimestre de 2025, la deuda fiscal por reintegros ha crecido mes a mes, en paralelo con la caída de la recaudación del 9,5% en febrero y la necesidad de mantener el superávit fiscal.
En noviembre pasado, el Ministerio de Economía propuso dolarizar estos créditos fiscales acumulados, postergando su uso o compensación hasta 2027, medida interpretada por el sector como señal de la falta de liquidez del Tesoro para honrar estos pagos en efectivo.
Empresarios agroexportadores han calificado esta situación como un "default comercial", denunciando que el Estado les debe impuestos ya abonados y que ahora pretende postergar la cancelación por dos años.
El atraso en los reintegros incrementa el costo financiero de exportar y afecta especialmente en un contexto de caída de actividad y márgenes ajustados.
Existe preocupación en el mercado sobre un posible esquema similar para las deudas con constructoras por obra pública paralizada, donde se evalúan bonos como forma de pago, sugiriendo que el Estado podría cancelar el recupero de IVA con instrumentos financieros en vez de efectivo.
