Fiscalía pide seis meses para investigar al intendente José Castro y tres concejales por abuso de poder
El fiscal solicitó un plazo de seis meses para continuar la investigación contra el intendente de Angaco, José Castro, y tres concejales implicados por presunto abuso de autoridad. Las defensas negaron las acusaciones y pidieron suspender el proceso hasta resolver otras causas judiciales relacionadas.
Este miércoles, en una nueva audiencia en Tribunales, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la formalización de la investigación contra el intendente de Angaco, José Castro, y tres concejales de su espacio político. El fiscal Francisco Nicolía solicitó un plazo de seis meses para profundizar la investigación, acusando a Castro de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Por su parte, los concejales están siendo investigados por abuso de autoridad y encubrimiento.
Los ediles involucrados, Roberto López, Alberto de los Ríos y Alejandro Paredes, estuvieron presentes en la audiencia donde se discutieron estos puntos.
En defensa del intendente, el abogado Marcelo Fernández Valdez, junto a Leonel García, representante legal de los concejales, negaron que existieran hechos delictivos y solicitaron la suspensión del proceso hasta que se resuelva otra causa judicial vinculada al pedido de conciliación y reparación integral del daño que Castro presentó en una investigación por presunta malversación de fondos. La audiencia para resolver este planteo está programada para el 20 de marzo.
Ante las posturas contrapuestas, el juez Gerardo Fernández Caussi decidió tomar un cuarto intermedio y se tomó hasta tres días para evaluar los argumentos antes de definir el curso a seguir.
El conflicto judicial se originó a fines de 2019, cuando el Concejo Deliberante denunció que el intendente habría utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un terreno privado ubicado en Chimbas. En febrero de este año, el Concejo aprobó mayoritariamente un acuerdo de conciliación propuesto por Castro, que incluyó una reparación económica de 5 millones de pesos para una organización solidaria del departamento con el fin de beneficiar a la comunidad.
La causa permanece abierta y se esperan definiciones en los próximos días mientras la Justicia sigue analizando los diferentes planteos y solicitudes.
