Soberanía en alerta: diputados sanjuaninos denuncian un "Intento de Colonialismo Energético" y la entrega de recursos a intereses privados

En un escenario de creciente tensión entre las jurisdicciones provinciales y las decisiones del gobierno central, la Cámara de Diputados de San Juan se ha convertido en el epicentro de una defensa de los recursos estratégicos locales. Los diputados Mario Herrero y Graciela Seva han presentado un proyecto de declaración que no solo rechaza la Resolución 79/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sino que enciende las alarmas sobre lo que consideran un plan de "entrega" de la infraestructura energética provincial a manos de capitales privados extranjeros, como es el caso de Vicuña Argentina.

El proyecto busca que el cuerpo legislativo, como representante de la soberanía popular, se oponga de manera tajante a las pretensiones de la empresa Vicuña S.A. —titular de los megaproyectos mineros Josemaría y Filo del Sol— de hacerse con el control y la gestión de la capacidad de transporte eléctrico remanente en el norte de la provincia.

Un "privilegio" que hipoteca el futuro de San Juan
La controversia técnica se traduce en una disputa política. Según los fundamentos del proyecto, la empresa Vicuña S.A. ha solicitado al ENRE el acceso a una capacidad de transporte de 260 MW y el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para una serie de obras de gran envergadura. Estas incluyen la ampliación de las Estaciones Transformadoras Nueva San Juan y Rodeo, y la construcción de una nueva línea de extra alta tensión (500 kV) de 167 kilómetros hasta una nueva estación denominada Chaparro.

Para el diputado Mario Herrero, este pedido no es una simple gestión administrativa, sino un "ejercicio abusivo del derecho de acceso". En declaraciones a Zonda Diario, Herrero advirtió que la pretensión de la minera es "capturar el 90% de la capacidad remanente actual" del sistema. Esto implicaría que cualquier otro emprendimiento futuro, ya sea agrícola, industrial o de otra empresa minera, quedaría supeditado a la voluntad de Vicuña S.A., que actuaría como una suerte de "dueña" de la gestión de la línea.

La denuncia de "Colonialismo" y sometimiento
El tono del diputado Herrero ha sido crítico respecto a la dirección que está tomando la política energética nacional. Ha calificado la situación como una "sinfonía de sometimiento a los intereses extranjeros" y un acto de "colonialismo". Herrero enfatizó que estas decisiones se están tomando en "despachos en Buenos Aires", por funcionarios nacionales intervenidos, sin considerar el impacto real en la vida de los sanjuaninos.

"No puede ser que se tomen estas decisiones... quién sabe para pagar qué factura o garantizar cualquier beneficio y a quién, sin que se tengan en cuenta los intereses de los sanjuaninos", sentenció el legislador. Su denuncia apunta directamente a una lógica de "entrega" donde la autonomía provincial es ignorada por el centralismo porteño y los lobbies empresariales que ejercen presión sobre los organismos públicos.

El RIGI: la prioridad privada sobre la demanda interna
Uno de los puntos más preocupantes destacados por Herrero es la vinculación de este conflicto con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según el diputado, si se otorga esta prioridad a la empresa bajo el marco del RIGI, esta tendría preferencia sobre cualquier demanda interna de la provincia.

Esto significa que, en un escenario de escasez de energía, el suministro para hospitales, escuelas y el desarrollo productivo general de San Juan podría verse relegado frente a las necesidades de la minera. "Es poner el carro adelante del caballo", ilustró Herrero, señalando que los intereses de una sola compañía privada estarían pasando por encima de las necesidades básicas de la población. Vale decir que Vicuña Argentina se presentó para aplicar al RIGI, lo que marca aún más el riesgo.

Una infraestructura pagada por los ciudadanos
Un argumento central del rechazo legislativo es el origen de la infraestructura en disputa. San Juan ha ejecutado durante más de 20 años un Plan de Infraestructura Eléctrica liderado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Este plan, que permitió interconectar a la provincia con el sistema nacional (SADI) y dotar de energía a los departamentos alejados, fue financiado en gran medida por los propios habitantes de San Juan a través de sus facturas de servicio eléctrico.

Herrero y Seva consideran una "injusticia elemental" que una empresa que no contribuyó a la construcción de dicha red ahora pretenda obtener un "privilegio" para gestionarla. El proyecto de declaración ratifica que el sistema de transporte es una "función social y estratégica" y no una mercancía al servicio de un interés particular.

El respaldo institucional al EPRE
El proyecto de los diputados no solo es una denuncia pública, sino un respaldo político a la actuación del EPRE. El organismo provincial ya presentó una oposición fundada (Nota N° 3671/26) ante el interventor del ENRE, exigiendo que se frenen estos trámites y se convoque a una audiencia pública donde se escuche la voz de la provincia.

Los legisladores recuerdan que, incluso bajo normativas nacionales previas (Resolución 0686/2024), el EPRE era el ente habilitado para estas ampliaciones, lo que hace que la nueva resolución del ENRE parezca "pisarse con sus propias leyes" y desautorizar decisiones técnicas tomadas apenas un año antes.

Fundamentos Constitucionales de la Resistencia
Para darle solidez jurídica a la declaración, los diputados se apoyan en la Constitución de la Provincia de San Juan:

Artículo 58: Que consagra el derecho a una calidad de vida progresiva para todos los habitantes.
Artículo 107: Que establece la "función social de la economía", donde la iniciativa privada debe armonizarse con los derechos de la comunidad.
Artículo 113: Que ratifica el dominio originario de la provincia sobre sus recursos naturales y fuentes de energía eléctrica, exigiendo una coordinación con la Nación que, en este caso, parece haber sido ignorada por completo.