Marchese defiende la reforma laboral: habló de modernización y negó pérdida de derechos

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó con 135 votos afirmativos la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada. Si bien se retiró el artículo 44, que regulaba licencias por enfermedad y accidentes, la normativa obtuvo respaldo de bloques aliados y fuerzas provinciales.

En diálogo con Radio Mil20, Franco Marchese, subsecretario de Trabajo de San Juan, defendió el espíritu de modernización de la ley y ratificó que se mantienen principios esenciales para los trabajadores, como el de "in dubio pro operario" y la irrenunciabilidad de derechos. "No observo que la balanza se incline a favor del empleador en perjuicio del empleado", afirmó.

Marchese destacó que la normativa vigente tenía más de 50 años y que su actualización responde a los cambios del mercado laboral. Puso especial énfasis en la inclusión de trabajadores de plataformas digitales como delivery y apps de transporte, quienes ahora cuentan con un marco legal específico que antes no existía.

Respecto a aspectos como el pago de indemnizaciones en cuotas y la extinción de reclamos judiciales, enfatizó que son decisiones exclusivas del Congreso nacional y que la implementación dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo nacional.

En cuanto a la jornada laboral, confirmó que se mantiene la base de 8 horas diarias y 48 semanales, pero se introduce un sistema de "banco de horas" para compensar el tiempo extra con descansos, práctica ya habitual que ahora se formaliza.

Ante cuestionamientos sobre la desigualdad de negociación entre empleador y trabajador, el funcionario insistió en la reiterada necesidad de acuerdos mutuos y destacó que los principios protectores persisten.

Finalmente, Marchese no descartó posibles judicializaciones por parte de sectores sindicales u oposición, admitiendo que la reforma podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, expresó su esperanza de que la ley pueda implementarse sin obstáculos, mientras el país sigue debatiendo el equilibrio entre modernización y protección laboral.