Reforma laboral: aliados presionan por cambios y complica el plan oficialista
El oficialismo busca sancionar la reforma laboral esta semana, pero los aliados parlamentarios exigen modificaciones en puntos claves como licencias por enfermedad, indemnizaciones y modalidades de pago, complicando el trámite.
Las negociaciones en la Cámara de Diputados por la reforma laboral han ingresado en un momento de fuerte tensión. El oficialismo aspira a aprobar la ley durante esta semana con el objetivo de que entre en vigencia en marzo, sin embargo, bloques aliados presionan para que se realicen cambios sustanciales y amenazan con retrasar el proceso.
El conflicto central gira en torno al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado en el Senado establece que el empleador debe abonar el 75% del salario durante licencias por enfermedad o accidente, pero este porcentaje se reduce al 50% si la dolencia se origina en una actividad voluntaria fuera del ámbito laboral. Desde el PRO y la UCR advierten que esta modificación disminuye la protección laboral y deja aspectos ambiguos sin resolver.
En contraste, el oficialismo defiende esta regulación argumentando que es fundamental para evitar abusos y sostiene que las situaciones dudosas podrán ser clarificadas mediante reglamentaciones específicas. Por su parte, el bloque Provincias Unidas cuestiona la falta de detalles acerca del Fondo de Asistencia Laboral destinado a las indemnizaciones.
Adicionalmente, sectores del macrismo, liderados por Cristian Ritondo, rechazan la posibilidad de que el pago de salarios se realice a través de billeteras virtuales. Otro punto polémico es la posible retroactividad de la ley, que la oposición señala podría abrir la puerta a numerosos juicios si se aplicara el nuevo sistema indemnizatorio a contratos previos.
A pesar de estas tensiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene la postura oficialista de aprobar el proyecto sin modificaciones para que el presidente Javier Milei pueda implementar la reforma desde el 1 de marzo. Cualquier cambio implicaría devolver la iniciativa al Senado, lo que modificaría el calendario político y pospondría la implementación de la reforma laboral.