Viñateros sanjuaninos pidieron a Orrego una intervención urgente para recomponer el precio de la uva

La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan mantuvo una reunión con el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, para exponer la crítica situación que atraviesa el sector y solicitar la intermediación del Gobierno provincial con el objetivo de mejorar el precio de la uva. Del encuentro participaron también representantes de la Federación de Viñateros y de la Mesa Vitícola, en un intento por unificar posiciones frente a una coyuntura que los productores califican como una de las más graves de las últimas décadas.

Según informaron desde la entidad, durante la reunión se le presentó al mandatario provincial un informe detallado sobre la evolución de la producción, el consumo, las existencias de vino y los precios pagados por la uva entre 2022 y 2025, con datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En base a ese análisis, los viñateros advirtieron que la vitivinicultura argentina atraviesa "uno de sus peores momentos de los últimos 50 años".

El documento señala que entre 2022 y 2025 la producción promedio anual fue de 18,25 millones de quintales de uva, con un promedio de elaboración de 10,47 millones de hectolitros de vino y 3,07 millones de hectolitros de mosto. En ese período, el consumo total —sumando mercado interno y exportaciones— fue inferior a la producción, generando un excedente acumulado cercano al 5%. A su vez, las existencias de vino al 1 de diciembre de cada año se mantuvieron prácticamente constantes, con un promedio de 10,77 millones de hectolitros a nivel nacional.

Para la Asociación de Viñateros Independientes, este equilibrio aparente de stocks no justifica el derrumbe del precio de la uva. En ese sentido, apuntaron directamente a una decisión regulatoria que, a su entender, profundizó la crisis: el adelantamiento de la fecha de liberación de los vinos nuevos. Históricamente fijada para el 1 de junio, la liberación fue adelantada a marzo, lo que incorporó al mercado un sobrestock estimado en 2,3 millones de hectolitros —equivalente al consumo de marzo, abril y mayo—, provocando una virtual paralización del mercado y un fuerte desinterés de las grandes bodegas en comprar uva.

"Si se hubiese mantenido la fecha de liberación al 1 de junio, estimamos que el precio de la uva habría sido al menos un 50% superior al que finalmente se pagó", sostuvieron los viñateros en la nota elevada al gobernador.

El informe también expone con crudeza la evolución de los precios de la uva frente a la inflación. En la cosecha 2024, el kilo de uva Cereza se pagó alrededor de 220 pesos, mientras que la Chardonnay alcanzó los 450 pesos por kilo. Sin embargo, si esos valores se proyectan con la inflación interanual de marzo de 2024 a marzo de 2025, el kilo de Cereza debería ubicarse hoy en torno a los 475 pesos y el de Chardonnay cerca de los 973 pesos.

La comparación es aún más dramática si se toma como referencia la cosecha 2023. Ese año, la uva Cereza se pagó 100 pesos por kilo y la Chardonnay 210 pesos. Ajustados por inflación, esos valores deberían equivaler hoy a 788 pesos y 1.650 pesos por kilo, respectivamente. "En los últimos dos años, el precio real del kilo de uva cayó casi un 120%", advirtieron desde la Asociación.

Entre las causas de esta caída, los productores enumeraron tres factores principales: la desregulación del sector vitivinícola y el adelantamiento de la liberación de vinos; el atraso cambiario, que provocó la pérdida de casi el 30% del mercado externo —unos 200 millones de litros en los últimos tres años—; y la caída del consumo interno, asociada a la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y cambios en los hábitos de consumo.

Frente a este escenario, los viñateros solicitaron al gobernador Orrego una serie de medidas urgentes. Entre ellas, pidieron postergar la fecha de liberación de los vinos nuevos al 1 de agosto, lo que permitiría consensuar valores más cercanos a los costos de producción: alrededor de 500 pesos por kilo para la uva común (Cereza y Criolla) y 1.000 pesos por kilo para la uva fina (Chardonnay, Malbec, entre otras).

Además, reclamaron la restitución de las facultades del INV establecidas en la Ley 14.878 para controlar la genuinidad, calidad y propiedad de los vinos elaborados por maquileros. También solicitaron un crédito fiscal de 50 pesos por kilo de uva destinada a mosto concentrado y vino de exportación, como forma de compensar el atraso cambiario y recuperar competitividad externa.

En el plano financiero y de costos, los viñateros pidieron una amplia refinanciación de los pasivos bancarios, con tasas promocionales, un año de gracia y plazos de hasta cinco años; la reducción del costo de la energía eléctrica, la eliminación del cargo por la línea de 500 kV y del Fondo PIEDE; la reducción de impuestos municipales; y la baja del IVA del 27% al 10,5%, alícuota con la que se comercializa la uva.

Finalmente, la Asociación presentó una propuesta de mediano plazo que incluye la reconversión de 5.000 hectáreas de uvas comunes hacia variedades sin semilla para pasa y consumo en fresco; la reimplementación de créditos para inversión y capital de trabajo; y un plan integral para enfrentar la crisis hídrica, con sistemas de riego presurizado, recarga de acuíferos subterráneos y cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Glaciares.

El documento fue firmado por el vicepresidente de la entidad, enólogo Rafael Vargas, y el presidente, ingeniero Juan José Ramos, quienes remarcaron la necesidad de una intervención urgente del Estado para evitar un mayor deterioro del entramado productivo vitivinícola de San Juan.