Baja de la edad de imputabilidad: el análisis de la jueza Camus sobre los cambios propuestos

La discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años tomó nuevamente protagonismo en la esfera pública. Más allá del aspecto penal, el debate abarca dimensiones educativas, sociales y presupuestarias, en un proceso que intenta reformular el régimen penal juvenil bajo enfoques renovados.

El proyecto propone un enfoque centrado en la responsabilidad penal juvenil, priorizando la educación, la resocialización y la reinserción social. Además, plantea la prohibición de detenciones junto con adultos y la privación de la libertad exclusivamente en institutos especializados, sujetos a supervisión judicial y evaluación técnica constante.

En este contexto, la jueza penal juvenil María Julia Camus expresó la necesidad de una reforma integral del sistema vigente. "Estamos frente a una ley relicto de la dictadura que no respeta los paradigmas internacionales actuales", destacó durante su entrevista en TELESOL, y agregó que dicha normativa "trataba al niño como un objeto de protección sin reconocerlo como sujeto de derechos".

La magistrada diferenció entre modificar la ley penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad, señalando que la imputabilidad refleja la capacidad de comprender y decidir sobre las propias acciones. Actualmente, Argentina presenta una de las edades de imputabilidad más elevadas de la región, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos la ubican entre los 12 y 14 años.

Respecto al aumento de delitos cometidos por menores, Camus indicó que UNICEF estima que solo el 2% de los jóvenes entra en conflicto con la ley. Reconoció la existencia de casos graves, aunque excepcionales: en 13 años se registraron 6 homicidios cometidos por menores. Si bien lamentables, estos hechos no representan una proporción significativa del total de delitos.

El proyecto establece límites claros para las sanciones: prohíbe la prisión perpetua para adolescentes, fija un máximo de 20 años de privación de libertad, permite la sustitución parcial de la pena tras cumplir dos tercios, y promueve mecanismos alternativos con supervisión judicial.

Sin embargo, Camus advirtió sobre la insuficiente infraestructura para implementar esta reforma. "Argentina no está preparada para bajar la imputabilidad sin contar con más institutos, profesionales y presupuesto", sostuvo.

Sobre la resocialización, la jueza remarcó que no depende exclusivamente del Poder Judicial. "Resocializar implica a la familia, la escuela, los talleres, el deporte y el acompañamiento de múltiples organismos", explicó.

Además, rechazó el endurecimiento punitivo como receta para mejorar la seguridad: "La seguridad se construye desde la prevención, la educación, la presencia estatal y el fortalecimiento familiar".

Finalmente, Camus invitó a reflexionar sobre la respuesta social al fenómeno delictivo juvenil: "La sociedad civil, con solidaridad y valores, responde mejor que un Estado con penas más duras". Concluyó: "Son pocos los chicos que delinquen, pero el daño es real; el desafío es cómo enfrentamos esta realidad como sociedad".