Silencio ominoso en el Senado bonaerense ante acusaciones de secta y abusos
Denuncias de abusos sexuales, amenazas y manipulación de mujeres jóvenes dentro del Senado bonaerense han detonando un escándalo que permanece sin respuestas de la dirigencia política. Los acusados, empleados legislativos, están detenidos, mientras el mutismo oficial se profundiza.
A más de un mes de las detenciones que revelaron una supuesta secta operando en el seno del Senado provincial de Buenos Aires, el silencio de la dirigencia se torna ensordecedor. La organización investigada, conocida como "La Orden de la Luz", está acusada de manipular y abusar sexualmente a mujeres jóvenes bajo un marco de poder y violencia.
Los principales imputados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Muñoz, empleados legislativos de más de diez años de antigüedad, quienes fueron detenidos tras acusaciones que incluyen abuso sexual agravado, amenazas con armas blancas y extorsión. Utilizaban la estructura de la agrupación "La Capitana" para captar mujeres vulnerables, especialmente con interés o inexperiencia en política.
Según la investigación judicial, la secta creaba una dependencia psicológica que derivaba en reiterados abusos. Pese a la gravedad de los hechos comprobados y las acusaciones, ni el Senado bonaerense ni su presidenta, Verónica Magario, han emitido comunicado alguno. El silencio se extiende a todo el espectro político, sin pronunciamientos oficiales de legisladores ni referentes de género.
Fuentes internas revelan que los acusados circulaban sin restricciones por áreas clave del Senado, incluyendo el edificio anexo llamado "La Casita", un espacio histórico del poder legislativo. En las últimas semanas, Rodríguez y Muñoz accedieron a declarar ante la fiscal Betina Lacki, mientras continúa la investigación judicial bajo la supervisión del juez de Garantías Juan Pablo Massi.
El abogado denunciante, Ignacio Fernández Camillo, destacó que la secta era el vehículo usado para los abusos y no el delito principal en sí mismo, remarcando el carácter de violación y violencia que atraviesan las denuncias desde 2014.
Con la cámara legislativa próxima a una renovación institucional, este escándalo de abusos y complicidades sigue sin encontrar respuestas políticas y mantiene la violencia contra mujeres en el centro de la preocupación pública, mientras el silencio predomina en el official.