Juez señala a la AFA y a un supuesto testaferro por gastos millonarios con tarjeta corporativa vinculados a mansión en Pilar
El juez Marcelo Aguinsky coloca a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino en el centro de una investigación por presunto lavado de dinero, tras detectar consumos mensuales de casi 50 millones de pesos con una tarjeta corporativa utilizada por un supuesto testaferro para financiar bienes y servicios ligados a una propiedad de lujo en Pilar.
El juez Marcelo Aguinsky puso nuevamente la atención sobre la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), incluyendo al sanjuanino Claudio Chiqui Tapia, en una causa por presunto lavado de dinero relacionada con la adquisición de una mansión en Pilar y otros bienes de alto valor.
En una reciente resolución, Aguinsky destacó que existen pruebas contundentes que ubican a la AFA como eje del caso. Se resalta el uso de una tarjeta de crédito corporativa a nombre del supuesto testaferro Luciano Pantano, con consumos mensuales que rondarían los 50 millones de pesos. Parte de estos gastos estarían vinculados al pago de telepases de vehículos de alta gama recuperados en una quinta de Villa Rosa, Pilar.
El juez rechazó el pedido para apartarse de la causa y declinar la competencia en favor del juez federal de Campana, argumentando que el núcleo del presunto delito radica en la sede central de la AFA en Ciudad de Buenos Aires, más que en las propiedades ubicadas en territorio bonaerense.
Además, Aguinsky señaló que el presunto delito previo al lavado podría ser una administración fraudulenta en perjuicio de la propia AFA, con participación de sus autoridades. Según la investigación, Pantano, formal titular de la mansión y otros bienes, cubría gastos mediante una tarjeta vinculada a una cuenta corporativa cuyos resúmenes eran enviados directamente a la sede de la entidad.
Un informe sobre la tarjeta American Express usada por Pantano detalla consumos constantes durante 2025, con un promedio mensual millonario. El magistrado indicó que estos movimientos deben analizarse a fondo para determinar su relación con el predio en Villa Rosa y, en caso de confirmarse un delito, ordenar el cese inmediato.
Por otro lado, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial relacionó este caso con otra investigación por presunta evasión impositiva y de aportes previsionales por cerca de 19 millones de pesos, fortaleciendo las sospechas de maniobras previas al lavado.
Aguinsky subrayó que el fuero Penal Económico es el ámbito adecuado para esta investigación debido a la complejidad y el impacto de las conductas en el sistema económico y financiero. La causa seguirá en el Juzgado Penal Económico N.º 10, incluyendo durante la feria judicial de enero, autorizada para continuar con el expediente.