Ajuste, importaciones y cierre de fábricas: el diagnóstico más crudo de Julián Domínguez

El exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, ofreció un crudo análisis sobre la actualidad económica de Argentina, describiendo el proceso actual como "pésimo" para los sectores de la industria y la producción. Según el exfuncionario, el país atraviesa un cambio en su configuración política, donde el gobierno ha profundizado un plan de ajuste que pone en riesgo el entramado productivo nacional mediante una apertura indiscriminada de las importaciones que está "barriendo" con los costos locales.

Domínguez enfatiza que el modelo vigente descarta pilares fundamentales como la educación, la investigación, la salud y el financiamiento a las provincias. Esta situación, afirma, se sostiene sobre la base de salarios bajos y el cierre de industrias, lo que impacta directamente en el empleo: se estima la pérdida de más de 250,000 puestos de trabajo, de los cuales 42,000 corresponden al sector industrial altamente calificado.

Un punto de comparación ineludible para el exministro es la década de los 90. Aunque encuentra similitudes en el sesgo liberal, destaca una diferencia alarmante: mientras que en aquella época los alimentos eran baratos, hoy los alimentos están muy caros, lo que obliga a muchas familias a realizar una sola comida al día y empuja a los trabajadores hacia la informalidad, desfinanciando el sistema de seguridad social. Además, advierte que la falta de protección a la industria local está permitiendo que proveedores de servicios de países vecinos, como Chile y Perú, ocupen el lugar que debería corresponder a empresas nacionales en sectores dinámicos como la minería en San Juan.

El INTA bajo amenaza: ¿Transformación institucional o "negocio inmobiliario"?
Uno de los puntos más críticos del análisis de Domínguez es la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Junto a otros siete exsecretarios y exministros, Domínguez defiende a la institución frente a lo que considera un intento de desarticulación por parte del gobierno de Milei. El exministro denuncia que, tras no obtener respaldo en el Congreso ni en la Justicia para ciertos aspectos de la Ley Bases, el Ejecutivo busca avanzar a través del Consejo Directivo en la venta de 42,000 hectáreas, lo que califica como un "fenomenal negocio inmobiliario",.

El modelo de transformación propuesto por el actual gobierno implica una reducción drástica de la presencia territorial del organismo: de 15 centros regionales quedarían solo cuatro. Este recorte dejaría sin asistencia técnica a regiones enteras como Cuyo, el NOA, la Patagonia y el NEA, condenando sus posibilidades de desarrollo e investigación en terreno. Domínguez destaca varios puntos clave sobre el impacto de estas medidas:

* Fuga de cerebros: El programa de retiros voluntarios está provocando una pérdida de capital intelectual hacia el sector privado o el extranjero. Formar a un científico del INTA cuesta aproximadamente 500,000 dólares al Estado y toma 10 años; su partida descapitaliza al pueblo argentino.

* Pérdida de soberanía biológica: La reestructuración pone en riesgo los bancos genéticos y de germoplasma (en cultivos como vid, olivo y algodón), que son el patrimonio biológico del país y actúan como reserva ante el cambio climático.

* Abandono de la Agricultura Familiar: El desmantelamiento de proyectos de investigación (más de 100 en curso) y extensión deja a la agricultura familiar a merced del mercado, ignorando su rol vital en la provisión de alimentos de cercanía.

* Autosustentabilidad ignorada: Domínguez aclara que el INTA es autosustentable a través de convenios privados y la tasa de importación, aunque el gobierno actual no le está transfiriendo estos últimos fondos.

Para el exministro, desarmar la principal estructura de investigación y extensión —reconocida entre las 10 más importantes del mundo— en un momento donde la demanda global de alimentos crece, es un "disparate" que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.