Más de 100 agentes penitenciarios denuncian estafa piramidal que movilizó más de $2.700 millones
Agentes del Servicio Penitenciario de Salta denunciaron una estafa tipo Ponzi dentro de la fuerza, que habría movilizado más de $2.700 millones. Se realizaron siete allanamientos y la fiscalía describió una estructura con múltiples niveles y funcionarios involucrados.
Más de 100 agentes del Servicio Penitenciario de Salta denunciaron haber sido víctimas de una estafa piramidal conocida como Esquema Ponzi que operaba dentro de la misma fuerza de seguridad. Según las primeras investigaciones, se realizaron siete allanamientos, pues se estima que la maniobra movilizó más de 2.700 millones de pesos.
El operativo fue ejecutado por el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la Unidad de Investigación UDEC, bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Los allanamientos se realizaron en diversos barrios de la ciudad de Salta y en la localidad de Cerrillos.
Las denuncias apuntan contra un Cabo primero del Servicio Penitenciario que ofrecía un sistema de inversiones activo desde la pandemia. El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, con promesas de intereses mensuales entre el 10% y 15%, y con posibilidad de retiros parciales del capital.
En los primeros meses, las víctimas recibieron pagos parciales y devoluciones, lo que generó confianza y promovió la continuidad de los aportes. Sin embargo, con el tiempo comenzaron las demoras y el cese de respuestas. Algunos agentes aportaron sumas millonarias, con montos de hasta 24 millones de pesos.
El análisis de movimientos bancarios detectó 409 operaciones concentradas en tres cuentas virtuales, dentro de un circuito que involucró al menos 22 cuentas. Se identificó que al menos 122 efectivos realizaron operaciones con el denunciado, además de visitas, ex internos y terceros externos.
La investigación apunta a una estructura de tres niveles: el denunciado como organizador, un grupo reducido de funcionarios que actuaban como captadores, y una base amplia de aportantes integrada por agentes penitenciarios. También se resalta el caso de una funcionaria penitenciaria que realizó más de 94 transferencias por un monto superior a 118 millones de pesos.
En los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y más de 1,3 millones de pesos en efectivo. Se inmovilizaron 15 cuentas bancarias vinculadas al principal investigado y a la plataforma Cocos, a donde enviaron más de 120 millones de pesos. Finalmente, el principal acusado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación.
