Gobierno buscará ajustes en el Senado tras rechazos en Diputados sobre discapacidad y universidades

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció que presentará cambios al proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores luego de que la Cámara de Diputados rechazara la derogación de la ley de discapacidad y la normativa de financiamiento universitario, ambos incluidos en el fallido capítulo 11 del proyecto.

Así lo informó el ministro de Interior, Diego Santilli, durante una comunicación con la prensa en la Casa Rosada, donde señaló: "Vamos a apostar a trabajar en el Senado para introducir modificaciones que ordenen esta variable". Además, agregó que buscarán reestructurar los temas pendientes del capítulo 11 para avanzar de manera conjunta.

Santilli expresó su confianza en mejorar la media sanción obtenida en Diputados: "Confiamos en que se realice un trabajo para hacerla mucho mejor". El oficialismo pretende así ajustar los números luego de la negativa de la Cámara baja de eliminar la ley de Emergencia en Discapacidad y la ley de financiamiento para universidades, contempladas en el polémico artículo 75.

Según fuentes oficiales, el presupuesto redactado originalmente no permite alcanzar la meta de déficit cero para 2026, por lo que buscarán encontrar consenso en el Senado o, en última instancia, podrían aplicar un veto presidencial. La discusión comenzará el viernes, con el objetivo del bloque La Libertad Avanza (LLA) de obtener dictamen de comisión rápidamente para avanzar al recinto la próxima semana.

De introducirse modificaciones en el Senado, el proyecto deberá volver a Diputados para su aprobación o insistencia con la versión original. Sin embargo, fuentes del oficialismo señalaron que aún no hay confirmación sobre los apoyos necesarios para modificar el texto.

El capítulo 11, rechazado en detalle por la oposición, incluía además la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas y la eliminación de la actualización automática de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Familiares. También contemplaba el cumplimiento de decisiones de la Corte Suprema sobre la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de fondos al Consejo de la Magistratura por más de 21.000 millones de pesos.

Estas modificaciones aparecían como incentivos para lograr el apoyo de otras fuerzas políticas al paquete de medidas, incluidas las controversiales reformas sobre discapacidad, universidades y zona fría.