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Reclamo institucional

Jubilados: la Defensoría del Pueblo intimó al Banco San Juan y al Banco Nación

La resolución apunta a evitar esperas prolongadas y exposición a temperaturas extremas durante el cobro de haberes.

La Defensoría del Pueblo de San Juan emitió una resolución dirigida al Banco San Juan y al Banco Nación en la que exige la adopción inmediata de medidas especiales para garantizar un trato digno, seguro y adecuado a jubilados y pensionados durante los días de cobro de haberes, ante reiteradas situaciones de largas filas, esperas prolongadas y exposición a condiciones climáticas extremas.

La titular del organismo, la Dra. Florencia Peñaloza, expresó su profunda preocupación luego de que se hicieran públicos videos que mostraban a adultos mayores aguardando desde las cuatro de la madrugada en la vía pública para poder acceder a las entidades bancarias, en el marco del calendario de pagos previsionales.

"Estamos hablando de un colectivo con extrema vulnerabilidad. No se los puede hacer esperar durante horas, mucho menos en el exterior, expuestos a altas temperaturas que pueden poner en riesgo su salud y su vida", remarcó la defensora.

Peñaloza recordó que desde hace tiempo la Defensoría viene trabajando en el cumplimiento de la denominada "ley de filas o de colas", una normativa provincial que obliga a quienes prestan servicios públicos —entre ellos los bancos— a evitar esperas excesivas y a contar con infraestructura y condiciones acordes a los usuarios y consumidores.

Florencia Peñaloza, titular de la Defensoría del Pueblo de San Juan.

Sin embargo, advirtió que en los días de pago de jubilaciones y pensiones esa normativa se incumple de manera sistemática. "No solo se violenta una ley provincial con obligación jurídica, sino también principios constitucionales como el trato digno, además de convenios internacionales de derechos humanos que protegen la vida, la salud y prohíben el trato discriminatorio", sostuvo.

En ese sentido, la defensora explicó que tratar de igual manera a jubilados y pensionados que a otros usuarios constituye una forma de discriminación. "La igualdad no es tratar a todos igual, sino dar un trato diferenciado a quienes están en condiciones diferentes. Los adultos mayores requieren condiciones especiales de accesibilidad y asistencia para poder ejercer sus derechos previsionales", subrayó.

La resolución emitida por la Defensoría exige a las entidades bancarias que dispongan "todos los medios necesarios", tanto en materia de infraestructura como de recursos humanos. Esto incluye mayor cantidad de personal, personal capacitado específicamente para asistir a adultos mayores y mecanismos que eviten la formación de filas en la vía pública.

Peñaloza señaló que muchos jubilados necesitan asistencia humana para realizar trámites básicos. "Muchos no saben cómo acceder a un recibo de sueldo, cómo usar un cajero automático o cómo realizar una operación digital. La tecnología avanza, pero hay sectores que necesitan acompañamiento y atención personalizada", indicó.

La defensora también hizo especial hincapié en la situación del Banco San Juan, agente financiero de la provincia y principal entidad donde se pagan jubilaciones, pensiones y salarios públicos. En particular, mencionó la sucursal de calle Las Heras, donde los reclamos por largas filas y falta de atención adecuada son recurrentes desde hace años.

El problema, además, se agrava en los departamentos alejados. Según explicó Peñaloza, en muchas localidades del interior no existe siquiera un cajero automático, lo que obliga a los adultos mayores a trasladarse decenas de kilómetros hasta la cabecera departamental o la ciudad. "Hay departamentos con gran extensión territorial donde hay un solo cajero frente a la plaza, y localidades enteras quedan totalmente vulneradas en su derecho de acceso a la seguridad social", advirtió.

La titular de la Defensoría remarcó que los haberes previsionales tienen carácter alimentario y resultan indispensables para la subsistencia de las personas mayores. "Cuando no garantizamos una atención adecuada, estamos vulnerando un derecho humano fundamental como es el acceso a la seguridad social", enfatizó.

Peñaloza recordó que no es la primera vez que el organismo interviene en este tipo de situaciones. El año pasado, tras un episodio en el que una mujer se descompensó mientras hacía fila para pagar un servicio, la Defensoría logró mejoras en la atención e infraestructura de la empresa distribuidora de energía eléctrica Naturgy, que incluso terminó trasladando su sede.

"Esto no es un problema nuevo, es de vieja data, pero hay que avanzar, modificar prácticas y asumir una responsabilidad que no es solo legal, sino también moral", concluyó la defensora. "Estamos hablando de personas que han trabajado toda su vida y que hoy necesitan un trato respetuoso, humano y acorde a su realidad".

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